Un imputado, vinculado a las obras de la sede del PNV alavés

"Oye una cosita. En relación con lo del contrato del parque tecnológico, ¿tú, pasta, pactaste algo aparte de eso?", se puede escuchar en una de las grabaciones que Ainhoa Alberdi, la abogada cuya denuncia por un presunto intento de extorsión de dos exdirigentes del PNV alavés, Alfredo de Miguel y Aitor Tellería, destapó la presunta trama corrupta del caso de Miguel.

Su interlocutor, el constructor Jon Iñaki Echaburu, exsocio de la letrada en Urbanorma Consulting, que cobró 441.000 euros por asesorar en el proceso de ampliación del Parque Tecnológico de Miñano, le responde que había quedado en pagar una comisión. "Era para ellos ¿no?", insiste la letrada. "No, no, para ellos no. Para ellos personalmente no...". "¿Pal partido o así?", pregunta ella. "Pues no lo sé, ellos lo van a establecer", responde el constructor.

El juez investigó las cuentas de la firma que el PNV empleó en la operación

Su compañía, Construcciones Loizate, vivía casi exclusivamente de obras públicas antes de quebrar. Aunque no figura nada concluyente en el sumario sobre una supuesta financiación ilegal del PNV, casi todos los 18 imputados son exdirigentes, excargos públicos, militantes y simpatizantes de ese partido.

El sumario dedica cientos de páginas a investigar las cuentas de Landaburu Etxea, la empresa que la ejecutiva alvesa del PNV, presidida por Iñaki Gerenabarrena, creó para gestionar la compra de su nueva sede en la Plaza de la Virgen Blanca, en pleno centro de Vitoria, por 2,4 millones de euros. La operación fue diseñada y ejecutada por De Miguel, cerebro de un entramado de compañías que, según la instrucción, pudo constituirse para encubrir y blanquear comisiones ilegales vinculadas a la Administración pública y beneficiarse de contratos públicos cuya realización no consta.

De Miguel guardaba los datos de Landaburu Etxea junto a los de las empresas del núcleo duro de la trama. Uno de los más recientes imputados en la causa, el constructor Prudencio Hierro, está relacionado con Construcciones Hierro López de Arbina, la empresa que realizó por casi 1,2 millones de euros la reforma de esa sede del PNV, según consta en el sumario.

Aunque dejó de administrar dicha compañía familiar en el año 2000, Ezkibel, una de las empresas de Hierro investigada por un presunto amaño en un proceso de adjudicación de obra pública, incluye en su web oficial (www.ezkibel.com) entre los trabajos realizados la reforma de ese batzoki. De Miguel puso los 3.000 euros de capital inicial para formar Ezkibel.

Tras saberse que Hierro había sido citado como imputado por el juez en julio pasado, la ejecutiva peneuvista alavesa se apresuró a desmentir que Hierro fuera el encargado de la remodelación de su sede.

Landaburu Etxea obtuvo un crédito hipotecario para sufragar la compra del edificio y las obras -3,6 millones en total, concedido por el director de Ipar Kutxa en Álava- Pablo Larrabide, también imputado. Tellería, otro imputado, consta dado de alta como trabajador de Landaburu Etxea, junto a Roberto González Muro, exportavoz del PNV en Juntas Generales de Álava durante la pasada legislatura.

González, quien no repitió en las listas del PNV el pasado 22-M, figura en el último informe policial sobre el caso relacionado con un supuesto cobro de comisiones ilegales con el otro constructor imputado, Echaburu, por una adjudicación de obra pública en el municipio de Lapuebla de Labarca. También trabajó para una de las empresas del núcleo duro de la trama, Errexal, investigada por cobrar 130.000 en contratos públicos del Gobierno vasco de los que no consta su realización, entre otras cuestiones.

El exdiputado foral pagó al partido 862,30 euros el 27 de diciembre de 2007, otros 3.000 euros el 30 de enero de 2009 y 1.500 más el 16 de diciembre del mismo año. En su declaración judicial del pasado martes, explicó que corresponden a las aportaciones que los cargos públicos del partido deben efectuar por el acuerdo interno que tienen, una práctica habitual en otras grandes formaciones.