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Un juez ordena acoger a un discapacitado en desamparo

El centro de menores en el que vivía desde los 4 años lo expulsó al cumplir los 18 pese a su enfermedad mental

Las Palmas de Gran Canaria

Es un niño. El lunes cumplió 18 años, pero es un niño. Tiene una discapacidad mental del 54% y dificultades para cuidarse a sí mismo. Toda su familia es su madre que, discapacitada también, no lo puede atender. Ha estado los últimos 14 años en Harimaguada, un centro de menores, que considera su hogar, y el lunes 17 de octubre lo tuvo que abandonar. No tenía lugar al que ir ni nadie que lo acogiera. La Administración se olvidó de él y durante el día de su cumpleaños presenció cómo los directores de dos centros asistenciales, técnicos del Cabildo de Gran Canaria y varios policías nacionales discutían porque nadie le permitía dormir esa noche bajo un techo de la Administración pública. Él miraba, triste, con su maleta azul. Ahora duerme por orden judicial en un centro de discapacitados donde no le aceptan.

El hogar que le debía acoger lo rechazó alegando impago del Cabildo

"Al recortar hay que pensar en la vida de las personas", dice un asistente social

V. G. M. entró con cuatro años a un centro adaptado porque su madre había caído en el alcoholismo y la indigencia. Desde entonces ha sido un niño institucionalizado, como se dice en jerga judicial. La Administración sabía que el 17 de octubre de 2011 el chico tendría que abandonar el centro. Cumplía 18 años. Cuatro meses antes, la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias emitió una resolución por la que se le admitía en un hogar funcional, adaptado a su discapacidad, que gestiona la organización sin ánimo de lucro Adepsi, y pasaba a su director la guarda a partir de su mayoría de edad. En vísperas del cumpleaños de V. G. M., Luis Pérez, director de Harimaguada acudió a ese hogar funcional para iniciar el proceso de traspaso administrativo de lo que aún era un menor de edad. A esta visita acudió también el joven. Trabajadores de ambos centros discutieron airadamente porque ninguno entendía por qué debía acogerlo. "No asumimos ninguna guarda", dijeron en Adepsi. Pérez Ojeda con una resolución del Gobierno de Canarias en la mano insistió en su razón, hasta que Adepsi reconoció que "tienen problemas económicos con el Cabildo de Gran Canaria", que es el que tiene la competencia y la tutela efectiva del joven. El Cabildo lo niega. Lo que sí ha hecho, ha sido dejar de pagar partidas que entiende que le corresponden al Gobierno canario.

Ese día, visto lo visto, V. G. M. salió corriendo e intentó trepar una valla hasta que fue reducido. Finalmente, tras más de cuatro horas de discusión, y la participación de la fiscal de Menores Camino Fernández, fue trasladado a un Centro de Atención Inmediata. Se escapó al caer la noche y se presentó en Harimaguada. Lo devolvieron al Centro de Atención Inmediata.

Y llegó el día de su cumpleaños. Con su vida en la misma maleta salió a la calle sin saber qué iba a ser de él. Volvieron al centro de Adepsi y allí no fue bien recibido. Esta vez llamaron a la Policía Nacional, que intentó mediar. V. G. M., que no es una cifra ni estas tres frías letras, presenció el espectáculo. Participó, en esta ocasión, y vía telefónica, el consejero de Políticas Sociales del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Santana, del PP, pidiendo a gritos que el joven volviese a Harimaguada si no era aceptado. Y Luis Pérez Ojeda se negó, porque era mayor de edad y porque para la Administración pública él no consta como la persona que tiene su guarda. La trifulca acabó en el juzgado de guardia, de madrugada, con V. G. M., "sedado", después de pasar varias crisis nerviosas durante la tarde. Todos prestaron declaración. El juzgado lo puso en conocimiento de la Fiscalía de Menores y la Fiscalía de Discapaces.

V. G. M. se acostó la noche de su cumpleaños en un centro de menores. Por caridad. Ahora, pernocta provisionalmente y gracias a un auto judicial en Adepsi, donde no le aceptan. "Cuando se piensa en recortar en políticas sociales, hay que pensar en que recortan vidas de personas", comenta David Muñoz, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Las Palmas. El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria no entiende la falta de caridad que tuvieron los dos centros en disputa: "Primero se presta el servicio y ya luego habrá tiempo para quejarse y reclamar", declara. En Adepsi aseguran que no puede pernoctar nadie y que el Cabildo les debe dinero. En Harimaguada dicen que "es mayor de edad". Toda la vida de V. G. M. está enfangada en la burocracia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 22 de octubre de 2011