El fiscal cree que Bellver prevaricó para evitar trabas al aparcamiento

El juicio por prevaricación contra Jorge Bellver, concejal de Urbanismo de Valencia y diputado autonómico del PP, quedó ayer visto para sentencia. El fiscal confirmó su petición de ocho años y medio de inhabilitación para cargo público al considerar que el edil aprobó la construcción de un aparcamiento junto a los Jardines de Monforte, un bien protegido, saltándose un trámite legal que hubiese entorpecido la realización de una obra ejecutada por Secopsa y el Grupo Enrique Ortiz, el constructor imputado simultáneamente en los casos Gürtel y Brugal. Las defensas de Bellver y de los otros cuatro empleados del Ayuntamiento imputados solicitaron la absolución alegando que en el caso de que hubiesen cometido una irregularidad esta no implicaría responsabilidad penal sino solo administrativa.

El concejal lamenta los "18 meses de sufrimiento" que dice haber padecido

El fiscal destacó en sus conclusiones varios elementos que tras cuatro días de juicio no parecían discutibles. Bellver autorizó el aparcamiento en 2004 sin pedir el informe de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat, cuando estaba obligado a ello: lo establecía una orden del Ayuntamiento de 1992 (con Rita Barberá ya como alcaldesa) y fue recogido también en otras normas. El argumento de la defensa de que al tratarse de un parking subterráneo el informe no era necesario es irrelevante, porque para realizarlo era necesario alterar radicalmente la superficie: "Hubo que demoler todo lo que existía en la calle", señaló el fiscal.

Frente a la versión municipal de que el trámite omitido era menor, el ministerio público recordó que una obra mucho menos agresiva con el jardín efectuada en el mismo entorno, elevar la cornisa de la clínica Quirón, se retrasó dos años y medio por las cautelas y correcciones introducidas por Patrimonio. En todo el expediente del aparcamiento, agregó el fiscal, "no hay ni una palabra sobre los posibles daños" que podía sufrir el jardín romántico, a pesar de que la obra se hizo a 20 centímetros de su perímetro.

El problema es que una condena por prevaricación exige probar que quienes realizaron los hechos lo hicieron a sabiendas de que era incorrecto. Puesto que ningún testigo (la mayoría funcionarios del Ayuntamiento y por tanto subordinados de Bellver o, en última instancia, de Barberá) ha sugerido tal cosa, el fiscal aportó como prueba el hecho de que el concejal y el resto de imputados sí solicitaron el informe de Patrimonio en varios casos similares (alguno en el área protegida del mismo jardín) en la misma época.

Al final del juicio Bellver reiteró su inocencia, lamentó los "18 meses de sufrimiento" que ha padecido, defendió a sus técnicos como "garantía de la legalidad" y añadió "que la política es una de las actividades más nobles a las que uno se puede dedicar".