Cordialidad sin autocrítica

Beatriz Garrote, portavoz de la Asociación de Víctimas del Metro-3 de Julio, salió anoche de la reunión de casi tres horas con el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, con la voz quebrada por la emoción. Representaba al colectivo de víctimas del accidente de metro ocurrido el 3 de julio de 2006 en la línea 1 del metro de Valencia, en el que perdieron la vida 43 personas y otras 47 resultaron heridas.

El suceso se cerró sin ninguna dimisión política y el Consell se escudó en que la causa del accidente fue un error humano, tal y como resolvieron los tribunales. "Hemos encontrado una postura dialogante. Nos han tratado correctamente pero consideran el tema zanjado" concluyó Garrote.

Los afectados le dan al presidente un documento con sus reivindicaciones

El Consell se escuda en la sentencia judicial para eludir responsabilidades

Unas tres horas antes, seis representantes de la asociación de víctimas se sentaban, por primera vez desde que sucedió la tragedia, con el presidente valenciano. Los afectados llevaban cinco años esperando ser escuchados en el Palau de la Generalitat, cuyo anterior inquilino, Francisco Camps, que dimitió en julio pasado por su implicación en el caso de los trajes de Gürtel, se negó una y otra vez a hacerlo.

Fabra los recibió acompañado de la vicepresidenta Paula Sánchez de León y de los consejeros Isabel Bonig y Jorge Cabré, responsables de Infraestructuras y de Justicia, respectivamente. La asociación les entregó dos documentos, uno en el que describen quiénes son y un segundo, más reivindicativo, donde piden respuestas sobre lo ocurrido aquel día aciago: qué medidas de seguridad existían, la causa de que no se instalasen balizas automáticas que impidieran un posible exceso de velocidad y así un largo listado de preguntas. "Queremos que revisen esos documentos y traten de darnos respuesta", subrayó Garrote cuando al término de la reunión compareció ante los medios de comunicación.

En nombre del Consell habló la vicepresidenta Paula Sánchez de León, que insistió en el deseo de la Generalitat de solidarizarse con ellos pero subrayó que la investigación del accidente se zanjó cuando los tribunales apuntaron a un error humano la causa del vuelco del convoy a pocos metros de la estación de Jesús.El descarrilamiento, el día 3 de julio de 2006, de un tren de 18 años de antigüedad cuando entraba en una de las estaciones del metro de Valencia se convirtió en la mayor tragedia de la historia del metro en España. La investigación judicial apuntó a la responsabilidad del conductor -quien falleció en el accidente-, por el exceso de velocidad del convoy al tomar una curva demasiado cerrada. El tren circulaba a 80 kilómetros por hora en un tramo limitado a 40.

La investigación se archivó por primera vez en marzo de 2007, a dos meses de las elecciones autonómicas de mayo. En junio de ese año se volvió a abrir, pero se archivó de nuevo ante la "falta de rotundidad" de los peritos que debían demostrar que el accidente se podría haber evitado si las balizas de frenado hubieran funcionado correctamente.

Paralelamente, una comisión de investigación parlamentaria en las Cortes Valencianas, controladas por la mayoría absoluta del PP, se cerró deprisa y corriendo señalando en exclusiva al conductor del tren como responsable del accidente.

El entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, rechazó la posibilidad de que ningún miembro de su equipo asumiera responsabilidad política por el suceso. Camps, responsable último de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), optó por obviar el accidente y, mientras permaneció en el cargo, hasta julio pasado, se negó a recibir nunca a los familiares de las víctimas. Sólo lo hizo uno de sus vicepresidentes, Víctor Campos, en 2007, pero el encuentro no pasó de simbólico. Las víctimas, la mayoría vecinos de la localidad de Torrent, en el área metropolitana de Valencia, constituyeron una asociación para compartir los desagradables vericuetos legales que se vieron obligados a afrontar.

Ayer, el presidente Fabra dijo que revisaría el segundo documento entregado por los afectados -que portaban la camiseta con el lema 43 muertos+47 heridos=0 responsables, en un encuentro que no tiene fecha. La Generalitat "puso en marcha con rigor y eficacia todos los mecanismos necesarios para atender a las familias de las víctimas" del accidente, así como "para esclarecer los hechos", según remarcó la vicepresidenta Sánchez de León.

A la vista de estas manifestaciones, Garrote y el resto de miembros de la asociación no esperan demasiado del Gobierno valenciano, pero aun así seguirán insistiendo en que se reabra la investigación de un caso que, opinan, se cerró en falso.