Lissavetzky: "Los datos de contaminación acústica también están maquillados"
"Ana Botella y Gallardón, la misma cosa son", respondió ayer el portavoz socialista del Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, a la pregunta del mes: ¿Qué le parecería que Ana Botella se convirtiera en alcaldesa de la capital? La cuestión sucesoria, a la que calificó de "folletín", "ya aburre", añadió. De ahí que prefiriese centrase en la denuncia que le había llevado a la bulliciosa plaza de España. Sonómetro en mano, Lissavetzky se plantó ante los fotógrafos y, al borde de la Gran Vía, mostró la pantallita del aparato: 108,5 decibelios. "La OMS recomienda no superar los 65", enunció. La siguiente parada, 50 metros más allá, fue en el interior de la plaza y bajo un árbol, donde el sonómetro marcó 40 decibelios menos. "Antes la estación medidora de la contaminación acústica estaba allí abajo, pero la han trasladado aquí porque hay menos ruido", aseguró, satisfecho con el experimento, el portavoz socialista.
El "maquillaje" del Ayuntamiento de Madrid no se limita a la contaminación ambiental, denunció ayer Lissavetzky, sino también a la acústica. Los socialistas -al portavoz lo acompañaba la concejal Ruth Porta (a la que llamó "el látigo de Botella") y el diputado Pedro Santín- creen que el descenso de la media oficial de ruido en la capital no se debe a que efectivamente haya más silencio, sino a que varias estaciones han cambiado de sitio. Las de Recoletos, plaza del Doctor Marañón, plaza del Marqués de Salamanca, Luca de Tena, Isaac Peral, paseo de Pontones, calle Alcalá y Santa Eugenia han dejado de funcionar entre 2009 y 2010. Y se han puesto en marcha otras "en zonas más silenciosas": Sanchinarro, Méndez Álvaro, Castellana, Ensanche de Vallecas y Tres Olivos.
"Se han alterado las series históricas", señaló Lissavetzky. "Los datos de contaminación acústica también están maquillados". Y añadió que no se ha invertido un euro en disminuir el ruido. Ni siquiera en sonómetros como el que él lucía ayer, comprado por su grupo municipal: "Una de cada cuatro denuncias de ciudadanos no se tramitan porque no hay sonómetros para comprobarlas".
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