Investigación obligada

El Consejo de Novacaixagalicia anunció ayer que está negociando con los exdirectivos de las cajas gallegas la renuncia a las escandalosas indemnizaciones que percibieron cuando dejaron la entidad. Es una condición mínima. No solo tienen que restituir el dinero sino que la cuantía bochornosa de las indemnizaciones (Novacaixagalicia es el grupo de cajas gallegas nacionalizado en septiembre para evitar su quiebra) merece la apertura de una investigación interna para determinar si tales retribuciones, superiores a los 25 millones, se concedieron de acuerdo con un estricto cumplimiento de la ley. La enorme presión social ante el vergonzoso monto de las prejubilaciones multimillonarias ha tenido poco fruto. Únicamente el ex director adjunto Javier García de Paredes ha anunciado que renuncia a casi cuatro quintas partes de los cinco millones de euros que cobró.

El caso de Novacaixagalicia reúne todos los ingredientes de las malas prácticas en la retribución de altos cargos. En primera instancia, es necesario investigar a fondo su legalidad, ya que las indemnizaciones fueron aprobadas subrepticiamente en agosto. Un brevísimo punto del orden del día informaba a los consejeros de las cajas fusionadas de la rescisión de varios contratos de alta dirección, para los cuales se establecía una provisión de fondos de 25 millones. Parece probable que haya existido en la comunicación al Consejo una clara vocación de ocultamiento de unas indemnizaciones francamente alarmantes y desproporcionadas.

Pero aun en el caso en que se hubiera informado de forma correcta sobre la cuantía de las indemnizaciones y de los directivos beneficiados (cuatro) con ellas, la legalidad del método no garantiza la legitimidad de las retribuciones. En primer lugar, por la situación de las cajas, quebradas y obligadas a sostenerse con dinero público; en segundo lugar, porque la cuantía de esos pagos no guarda ninguna relación con los méritos de los beneficiados, sino que termina por premiar a unos gestores responsables, ya sea por acción u omisión, de la quiebra de la institución.

En este escándalo hay un responsable, el Banco de España, y unos culpables: los directivos que colaron las retribuciones y los Consejos, poblados de políticos diestros en hacer la vista gorda en estas situaciones, como demuestra el caso de las indemnizaciones de la CAM. Y lo que sale a la luz, como corolario de unos años de prácticas de dudosa legitimidad, es la íntima connivencia entre las instituciones financieras y los políticos.

A partir de 2012, el Banco de España tendrá responsabilidad sobre los pagos a los ejecutivos bancarios. Deberá asegurarse que las comisiones de retribuciones están correctamente formadas y los salarios están en línea con los resultados. Se trata de evitar que se produzcan expolios tan ignominiosos como los de Novacaixagalicia, la CAM y otras.