El inmovilismo como estrategia

En esta crisis o cambias voluntariamente o te cambian a la fuerza. Es lo bueno de la crisis, pero resulta evidente que a nuestras Diputaciones no les va lo del cambio y optan por el inmovilismo como estrategia.

Si hay alguna institución vasca, junto con los microayuntamientos, que corra peligro en esta crisis esa es la Diputación. Si pensamos en ahorrar, son las instituciones que más gastan en temas ajenos a sus competencias y, si pensamos en ingresar, enseguida surge la conveniencia de romper con su monopolio actual en materia de impuestos e introducir a las instituciones comunes para mejorar la eficacia en la lucha contra el fraude y en la reforma fiscal.

La realidad aprieta: la recaudación por tributos concertados del año 2011 apenas va a ser la misma que la hubo en el año 2005, por lo que más pronto que tarde habrá que reformar la Administración para acomodarla al nuevo nivel de ingresos. Eso exige simplificar nuestra fronda institucional, que con sus 251 Ayuntamientos, tres Diputaciones, un Gobierno vasco, una miríada de sociedades públicas y una Administración central, acogota a este pequeño país de poco mas de dos millones de habitantes.

Las Diputaciones no quieren ni oír del informe que detecta numerosas duplicidades en el gasto

La presión de la crisis nos exige cambios profundos en la fiscalidad

Temerosas de ese cambio que intuyen va a venir, las Diputaciones no quieren ni oír nada del informe del Gobierno vasco que detecta numerosas duplicidades en el gasto público. No es de extrañar: saben que desde el comienzo de la autonomía, su estrategia fue la de ejercer de facto todas las competencias posibles, para lo que acudieron incluso a destruir todas las organizaciones municipales de nivel comarcal que le pudieran hacer sombra (¿quién se acuerda hoy del Gran Bilbao?), aprovechándose de que el dinero del Concierto entraba primero en la caja de las Diputaciones y que no había un marco legal claro. La pelea de la LTH y la posterior escisión del PNV fueron algunas de los hitos de esa estrategia de las Diputaciones.

Hoy, cualquier reflexión sobre eficacia y austeridad de la Administración llevará a la conclusión de que las competencias de las Diputaciones deben ser reconducidas, mediante modificación de la LTH, delimitando su ámbito competencial al perímetro garantizado por el Estatuto: el que tenía en 1979 la Diputación de Álava y nada más. El resto de las competencias debe ser redistribuido, aplicando el principio de subsidiariedad y de eficacia, redirigiéndolas en su mayoría hacia los Ayuntamientos y las mancomunidades municipales.

Por eso las Diputaciones se oponen a la reforma legal de la LTH que propone el Gobierno vasco y que permite la presencia de pleno derecho de los municipios en el Consejo Vasco de Finanzas. Las Diputaciones saben que esa nueva presencia llevara inexorablemente a reducir su peso económico dentro del entramado institucional y a perder competencias a favor de los Ayuntamientos: algo que, por otra parte, es de lógica pura en unas Diputaciones que se dicen "forales", porque la esencia de una Diputación foral es depender de los Ayuntamientos, como ocurría hasta que se abolieron los fueros, y no que los Ayuntamientos dependan de la Diputación, como ocurre ahora

También es desde esa filosofía inmovilista desde donde se explica la resistencia a asumir la propuesta del Gobierno vasco tendente a crear una política común contra el fraude fiscal o una modificación del sistema impositivo vasco. Nuestro sistema fiscal está diseñado para el supuesto de que las tres Diputaciones y el Gobierno vasco estén en manos de una misma fuerza política, que el PNV creía iba a ser la suya. Por eso no hay mecanismos reales de concertación de voluntades políticas y de discusión transparente (léase Parlamento), sino que todo se fía al funcionamiento de oscuros organismos "paritarios" entre Gobierno y Diputaciones (el Consejo Vasco de Finanzas y el Órgano de Coordinación Tributaria) que ni se reúnen con asiduidad, ni tienen medios técnicos para forjar soluciones meditadas, ni dan cuentas a nadie.

Cuando todos eran del PNV eso importaba poco: no hacían falta servicios técnicos propios capaces de pensar en materia de impuestos, porque los cambios normativos de los impuestos los elaboraban lobbys externos -asociados a los empresarios- y las Diputaciones los presentaban como propios. Tampoco importaba que no hubiera mecanismo de toma de decisiones transparentes y eficaces, porque en ultima instancia las discrepancias las resolvía el EBB del PNV.

Pero esos mecanismos hoy ya no aguantan la presión de la crisis, que nos exige cambios profundos en la fiscalidad. Sin embargo, es casi imposible obtener mayorías suficientes en los órganos "paritarios" que deben decidirlos. Tampoco la solución de llevar el problema al Parlamento vasco, por elevación, parece muy eficaz, porque el Gobierno carece de una mayoría suficiente en el Parlamento. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues me temo que una parálisis en la toma de decisiones o una política de acuerdos de mínimos que sirva para maquillar el fracaso.

Ni lo uno ni lo otro sirve a estas alturas. Hasta ahora, el fuerte privilegio fiscal que supone el Concierto ha permitido sortear a nuestras instituciones la dureza de la crisis, pero la crisis va a seguir mucho más larga y es de esperar que la situación fiscal se hará insostenible, como ya empieza a sucederle a Navarra.

En ese momento, se tendrán que adoptar decisiones más duras que las que hoy las Diputaciones se niegan a contemplar. Esperemos que el tiro les salga por la culata