¿Cuál es el modelo más eficaz de país?

¿Funciona Euskadi, un país de apenas 2,2 millones de habitantes con cuatro Administraciones? ¿El modelo confederal que hace tres décadas plasmaron el Estatuto y la Ley de Territorios Históricos (LTH) resulta eficaz en tiempos de crisis o solo genera disfunciones? ¿Hay que cambiar dicha ley? El debate quizá más recurrente de la política vasca desde hace años ha vuelto a primera línea tras difundir el Gobierno el pasado día 4 las conclusiones del informe sobre duplicidades e ineficiencias en las Administraciones que le encargó el Parlamento.

La discusión se impulsa con la fuerza de las cifras. El informe cuantifica por vez primera esas duplicidades, entendidas como los gastos de una Administración sin tener competencia para ello: 403 millones, lo que el Gobierno destina cada año a ayudas sociales. Y eso analizando solo nueve ámbitos de actuación en las principales instituciones (Ejecutivo, Diputaciones, las tres capitales y seis de los Ayuntamientos más poblados). Fuentes del Gobierno y expertos económicos inciden en que ello no supone que ese dinero se despilfarre ni que haya sobrefinanciación. En algunos casos, cumplir estrictamente la ley obligaría a una Administración a destinar más fondos para cubrir lo que otra dejaría de hacer.

López Basaguren: "Hay un origen clientelar en muchas duplicidades"

La duplicidad cuesta 403 millones. Las ineficiencias son imposibles de cifrar

Dos consultoras han asesorado para elaborar el informe por 183.000 euros

Álvarez: "Tenemos lo más parecido a reinos feudales competenciales"

El debate apunta de nuevo a si se debe reformar la LTH y en qué aspectos

Más graves y costosas resultan las actuaciones ineficientes, nacidas básicamente de la duplicidad de estructuras burocráticas. Nadie se ha puesto nunca a hacer las cuentas, pero todo apunta a que superarían con mucho esos 403 millones. "Es imposible cuantificarlas, pero son lo más importante. La cuantificación siempre es cualitativa, y ¿cuánto vale una ineficiencia?", comenta el secretario general de la Presidencia, Manuel Salinero, uno de los responsables del informe.

"Todos los partidos reconocen que habría, no que repensar el modelo de modo catártico, pero sí tratar de ver qué funciona y qué no", señala Juan José Álvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV.

El Gobierno se fijó como una de sus claves de actuación para la segunda mitad de legislatura entrar en ese análisis de la arquitectura institucional de Euskadi para "acabar con los solapamientos que bloquean el sistema y agotan los recursos", enfatizaba el propio lehendakari en mayo al hacer balance de sus dos primeros años en Ajuria Enea. Seis meses antes, su consejo de sabios, que acoge a buena parte de lo más selecto del mundo económico y académico vasco, le había instado a buscar que el modelo institucional sea más eficiente. "Todos los que nos sentamos allí creemos que hay que reformar esto ya", reconoce uno de sus integrantes.

La polémica apunta directamente a la dialéctica entre el Ejecutivo y las Diputaciones, a las que el análisis achaca la mitad de las duplicidades constatadas. Y López se ha metido en ese "avispero", en palabras de un juntero vizcaíno en la oposición, cuando más atomizado es el mapa político vasco, con el Gobierno en manos de un partido y otras tres formaciones repartiéndose las instituciones forales.

"Nadie sensato puede plantear hoy aquí la desaparición de las Diputaciones", resalta Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la UPV y miembro de la Comisión Arbitral, que dirime los conflictos entre instituciones. La propia Constitución ampara su existencia en su Disposición Adicional Primera (y, como derivada, el Estatuto en su artículo 3), sin olvidar que los derechos de los territorios forales son el resultado de siglos de historia. "Quien quiera cambiar la Constitución y el Estatuto, que lo diga", ironiza un experto en foralismo crítico con los socialistas.

"No es un problema de modelo, sino de su aplicación y de cómo se gestiona", remarca Emilio Guevara, ex diputado general alavés por el PNV y exparlamentario socialista. Guevara aprecia "cierto matiz sesgado" en centrar los conflictos básicamente en la existencia de las Diputaciones. "Para ser completo el estudio, debería ver las duplicidades entre Estado y comunidades autónomas. La única forma de que no las haya es tener un solo Gobierno universal y a nadie se le ocurre plantearse el modelo de autogobierno por las duplicidades con el Estado", asevera.

"El debate no es si hay o no duplicidades, sino si tiene sentido un país de dos millones de habitantes con una estructura administrativa tan desproporcionada como la actual. Mi respuesta es no", considera Felipe Serrano, catedrático de Economía Aplicada de la UPV. "Salvo desde la ceguera política, cualquier observador concluye que es indispensable replantearse esa organización institucional", dados los importantes problemas de coordinación que ha generado, abunda López Basaguren.Pese al cíclico rebrote del debate sobre la eficacia, el modelo institucional funcionaba en buena medida engrasado por la bonanza económica y la presencia de las mismas siglas, las del PNV, en uno y otro lado del ring político, un sistema para que lo gobernase la dirección de un partido que coordinara a sus responsables forales. "El dinero sobraba, porque el Concierto era muy generoso y la economía crecía. Y, como todas las Diputaciones eran del PNV, los problemas los resolvía el EBB", critica Javier Olaverri, abogado y exparlamentario de EE. El maná del dinero favoreció el esquema tres de todo: cada territorio quería lo mismo que los otros, bajo unas Administraciones que se justificaban exhibiendo sus realizaciones más tangibles. Ahora no ocurre ninguna de las dos cosas: la recaudación cae este año casi 800 millones y el mapa político es el de la cohabitación de cuatro partidos, con el PNV refugiado en Bizkaia.

Identificado durante años el gato, el problema de ponerle un cascabel que nadie ha querido abordar. Salinero usa la socorrida metáfora, pero la mayoría de los consultados sostienen que el consenso político imprescindible será muy difícil, por falta de confianza recíproca y porque los intereses de los partidos ligados a unas u otras instituciones dificultarán que la cuestión se plantee con "suficiente racionalidad", según uno de ellos. Y todos coinciden, en uno u otro sentido, en la necesidad de podar el entramado público y sus sociedades.

El PNV y el PP, socio preferente del Ejecutivo, dos partidos claramente foralistas, ven entre la reticencia y la irritación los pasos de los socialistas. Pasos además, cuando el PSE salió muy tocado de las urnas de mayo y camina a la que puede ser otra situación muy compleja el 20-N.

Todo conduce a un punto: reformar o no la LTH, que regula las relaciones entre instituciones autonómicas y forales. El Gobierno no parece dispuesto a abordar tampoco esta vez esa opción que despierta los demonios familiares del PNV. Esa ley de 1983 -y con ella la discusión entre foralistas y autonomistas- disparó la mayor crisis peneuvista, que concluyó en la escisión y el nacimiento de EA en 1986.

"La LTH es modificable, como toda ley, y haría falta de una vez fijar un reparto competencial claro. Ahora bien , con una distribución lógica que tienda a la eficiencia es evidente que perderán las Diputaciones", que casi correrían el riesgo de quedarse solo como recaudadoras de impuestos, opina Serrano, con el dedo puesto en una de las claves.

"El gran error de la ley es tratar de configurar los territorios como un sustitutivo de la comunidad autónoma en sus ámbitos competenciales", dice López Basaguren, defensor también de entrar en la reforma, aun cuestionando "si en la LTH debe estar todo".

Para Álvarez, la ley "genera un corsé al sistema que lo pervierte hacia dentro y hacia fuera desde el punto de vista de la modernización administrativa", aunque este experto no cambiaría el modelo. El gran problema, a su entender es la "absoluta" falta de coordinación. Las previsiones que el Estatuto y la LTH hicieron para ello no han funcionado. "Tenemos lo más parecido a reinos feudales competenciales", indica.

Si Olaverri defiende devolver a las Diputaciones a las cinco competencias exclusivas que tenía Álava -único territorio que mantuvo la foralidad con Franco-, a comienzos de los ochenta, muy distinta es la opinión de dos ex diputados generales alaveses. Guevara, partidario de hacer el mayor esfuerzo de clarificación, enfatiza que si por algo hay que cambiar la LTH es para adelgazar el aparato burocrático del Gobierno "y aprovechar la capacidad de Diputaciones y Ayuntamientos para que hagan con competencia lo que los ciudadanos les han obligado a hacer sin ella". Y el popular Ramón Rabanera apostilla: "No habría que tocar la ley. Si se retocara perjudicaría a unas Diputaciones que han administrado de forma ejemplar los impuestos de los ciudadanos".

Como "islas vascongadas" ve Álvarez que sigue siendo Euskadi en muchas cosas, "pretendiendo generar una identidad única de país, pero siendo incapaces hacia dentro de operar como un todo orgánico". Es algo "obligado y cuanto más tardemos, peor", concluye.