Una pausa en la lucha

"Mi lucha está allá. Debo regresar". Antonio Guachetá, de 45 años, es el líder indígena de los Nasa, un pueblo amerindio de unos 7.700 habitantes que habita el departamento del Cauca, en la zona andina del suroccidente de Colombia. Guachetá se ha acogido, junto a otros dos compatriotas, a un programa piloto de protección temporal de defensores de derechos humanos impulsado por el Gobierno vasco. Esta autoridad local pertenece al Consejo de Mayores exgobernadores del Resguardo Indígena de Honduras y colabora en el desarrollo de un Plan de Vida comunitario.

Guachetá ha denunciado la injerencia de grupos armados -legales e ilegales- en el territorio indígena y por ello ha sufrido persecuciones "sistemáticas" que han puesto en peligro su vida. "Hemos sufrido expoliaciones y estamos sumidos en un estado de violencia permanente", apunta Guachetá.

"Aquí liberamos tensión, pero debo volver. Mi lucha está allá", dice Antonio

La acogida dura seis meses. El Ejecutivo traerá seis amenazados cada año

Este líder indígena ha tenido que dejar atrás su familia y su pueblo, al que lleva "en el corazón", hace apenas un mes. Esta iniciativa le hace "liberar tensiones" durante seis meses al alejarse un poco de la "triste realidad" que vive el país en general. "Queremos que nuestra voz sea escuchada. Estamos sumidos en una grave crisis humanitaria", recalca.

Eduardo Castro, de 22 años, es el líder estudiantil de la Universidad de Sucre y realiza un trabajo de base con la Asociación colombiana de Estudiantes universitarios. Pertenece, asimismo, al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Denunció la infiltración paramilitar en la universidad y es víctima de amenazas de muerte. "Allí no existe la justicia, no se confía en ella", señala el joven. Desde la creación de MOVICE en 2005, Castro denuncia "cien agresiones de todo tipo: atentados, exilios..." que ni siquiera han dado pie a la apertura de una investigación.

Por su parte, Adolfo Conejo, de 26 años y natural de Totoro, también ubicado en Cauca, es un periodista indígena que trabaja como orientador de diez emisoras que denuncian "permanentes violaciones de derechos humanos" por parte de los "actores armados del conflicto: reclutamiento de menores por la guerrilla, explotaciones mineras de las multinacionales". Está amenazado. Conejo denuncia la "invasión de nuestro territorio", el "genocidio, los saqueos", que han dejado al pueblo en una situación "dramática". El modelo "extractivista y capitalista" que padece Colombia, en opinión de Conejo, ha dejado a más de 34 pueblos en vías del exterminio "cultural y físico". Los mandatos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos "son similares" y las violaciones de derechos humanos continúan. "Solo cambian los discursos", sostiene el joven.

La acogida del Ejecutivo autonómico se prolongará seis meses. La idea es que Euskadi se haga cargo de seis amenazados cada año. El presupuesto para 2012 es de 100.000 euros. Esta iniciativa está coordinada por el Gobierno vasco, la plataforma Kolektiba Colombia y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR Euskadi). Estos protegidos disponen de acompañamiento psicosocial y se reunirán con diversas entidades.