La empresa Aguas de Cádiz se convierte en promotora inmobiliaria

La empresa Aguas de Cádiz, encargada del suministro público en la capital gaditana, será también promotora inmobiliaria. La compañía, dependiente del Ayuntamiento, impulsará en terrenos propios la construcción de un edificio de 12 plantas para acoger oficinas de administraciones y empresas. La idea, defendida por la alcaldesa, Teófila Martínez (PP), ha indignado a los partidos de la oposición, PSOE e IU, que consideran el proyecto "inviable" e "innecesario".

El nuevo edificio pretende convertirse en un emblema de "modernidad", según la presentación del proyecto realizada por Martínez. Se ubicará en la avenida Juan Carlos I, en el barrio de la Laguna, en un espacio en que la altura del inmueble destacará al estar rodeado de estructuras de más bajas. El Ayuntamiento ha descartado el uso residencial. Servirá para acoger locales comerciales y oficinas. El lugar elegido está muy cerca del estadio Ramón de Carranza, donde el Consistorio y la Zona Franca ya han llegado a un acuerdo para convertir varios de sus fondos, incluida la tribuna actualmente en construcción, en otro espacio con similares objetivos.

"La iniciativa es un disparate porque no hay excesiva demanda", dice IU

De hecho, los responsables del recinto fiscal ya han acordado reservar una partida de cuatro millones de euros para terminar esta tribuna, donde también se contempla un apartahotel. Cerca del estadio, en los suelos de la empresa Navalips, el plan general contempla también otra gran superficie comercial.

No es la primera vez que Aguas de Cádiz es noticia por asuntos que no tienen que ver con su actividad natural de abastecimiento y depuración. Lo fue el pasado mes de diciembre cuando el Ayuntamiento decidió venderse a sí mismo su propio patrimonio. Esta compañía pública compró su sede al Consistorio por 12 millones de euros, en una operación muy cuestionada que salió adelante en un pleno con el voto mayoritario del PP y el rechazo de la oposición. La medida se tomó cuando otras administraciones como el Ayuntamiento de Madrid o la Junta de Andalucía había emprendido medidas muy parecidas. PSOE e IU aseguraron que esa compraventa condenaba a la empresa pública gaditana a una deuda de 60 años.

Ahora IU cree que la conversión de Aguas de Cádiz en promotora inmobiliaria es consecuencia directa de aquella operación. "Estamos seguros de que lo que trata es de recuperar el dinero pero se hace sin tener ni idea de la viabilidad. El sector terciario apenas tiene demanda en Cádiz", advirtió su portavoz, Sebastián Terrada.

El portavoz de IU recuerda que la Zona Franca ha tardado en dar uso a las oficinas habilitadas en el estadio, muchas de ellas cubiertas por dependencias judiciales que tienen carácter provisional. El plan general contempla otros suelos de similar utilidad en la operación urbanística en la Plaza de Sevilla, junto a la estación de Renfe.

"La iniciativa de Aguas de Cádiz para oficinas es un disparate sin sentido porque aumentaría de forma desproporcionada una oferta de un tipo de instalaciones que no tiene excesiva demanda", sostiene Terrada.

El PSOE también rechaza la torre de 12 plantas y aduce otros motivos. "Según el nuevo plan general, la altura no puede exceder las diez plantas y solo serviría para saturar este barrio de oficinas", explica la portavoz socialista, Marta Meléndez. "Es otro brindis al sol de la alcaldesa. Una operación puramente especulativa que se presenta sabiendo que es inviable", añade. El PSOE ha propuesto que esos suelos sirvan para ofrecérselo a los emprendedores a modo de oficinas en alquiler con derecho a compra.