Condenado a muerte en Irán un evangélico por su fe cristiana

Youcef Nadarkhani, 34 años, casado y padre de dos hijos, es el primer cristiano condenado a muerte en Irán en los últimos 20 años y puede que sea ejecutado. Lleva ya dos años en la cárcel. Desde Washington hasta Berlín pasando por Londres y París, Gobiernos occidentales y comunidades cristianas se han movilizado para salvarle. Si ha efectuado alguna gestión a favor del reo, el Gobierno español no la ha divulgado.

Los apuros de Nadarkhani empezaron en octubre 2009, cuando el Gobierno iraní decretó que todos los alumnos escolarizados deben acudir a clases de islam sea cual sea su religión. Nadarkhani, que empezó a trabajar como pastor evangélico en 2001 en el área de Gilan, a 250 kilómetros de Teherán, no aceptó la decisión. Es fundador de una pequeña comunidad llamada Iglesia de Irán.

El pastor acudió al colegio de Rasht, donde están escolarizados sus dos hijos varones, Daniel y Joel, para retirarles. Alegó que la Constitución iraní reconoce la libertad de culto para las religiones del Libro, entre ellas el cristianismo, y que sus hijos no estaban obligados a aprender el Corán.

Irán tiene una población de 71 millones de habitantes entre los que hay unos 300.000 cristianos. La gran mayoría (250.000) son armenios, unos 32.000 son asirios y el resto son católicos y evangélicos de familias convertidas, hace más de un siglo, por misioneros.

El mismo día que Nadarkhani sacó a sus hijos del colegio la policía secreta del régimen de los ayatolas le detuvo. Desde entonces está encarcelado y sometido con frecuencia a un régimen de aislamiento. El 12 de octubre de 2009 compareció, acusado de apostasía, ante un tribunal de Rasht, que le condenó a muerte en septiembre de 2010.

El código penal iraní no prevé la pena capital para los que abjuran del islam, pero los jueces pueden inspirarse en la sharia (ley islámica) o en las fetuas (edictos islámicos pronunciados por teólogos) para justificar sus sentencias ignorando la legislación vigente. Es lo que hicieron los magistrados de Rasht.

Ante ellos Nadarkhani argumentó en vano, a través de su abogado, Mohamed Ali Dadkhah, que mucho antes de alcanzar su mayoría de edad ya no era musulmán. Para obligarle a retractarse, las autoridades detuvieron a su esposa que acabó condenada a cadena perpetua por complicidad en un juicio celebrado sin letrados de la defensa. Dadkhah recurrió la sentencia y, sorprendentemente, la mujer fue absuelta.

Dadkhah también apeló hace un año contra la condena a muerte de Nadarkhani y, en julio, el Tribunal Supremo de Qom emitió un veredicto sorprendente. Nadarkhani no es culpable de apostasía a secas sino de "apostasía nacional" porque sus antepasados sí son musulmanes y él debe regresar a la religión de sus ancestros o de lo contrario será ahorcado.

Corresponde al tribunal de Rasht comprobar si reniega del cristianismo y recupera la fe en el islam. Esa fue la pregunta que le fue formulada a Nadarkhani esta semana por los magistrados. El pastor contestó: "No puedo", según indicó su abogado sobre el que pende una sentencia de nueve años, una multa, una inhabilitación profesional y cinco latigazos por hacer propaganda contra el régimen islámico.

Cuando arrecia la movilización internacional para salvar a Nadarkhani, Irán ha ampliado de repente las acusaciones contra el pastor. Gholam Ali Rezvani, vicegobernador de la provincia de Ghilan encargado de la seguridad, declaró a la agencia de prensa iraní Fars que el pastor había cometido "crímenes en materia de seguridad". "Es un sionista y un traidor", añadió. Es la primera vez que un responsable iraní se pronuncia sobre este asunto.

El abogado Dadkhah no sale de su asombro. En declaraciones a la agencia de prensa francesa AFP recordó que en el juicio solo se reprochó a su cliente su supuesta apostasía "y nunca se habló de crímenes contra la seguridad del Estado". "Si surgen nuevas acusaciones la justicia tendrá que pronunciarse sobre ellas", añadió.

Desde junio de 2010, unos 300 cristianos han sido detenidos en 35 ciudades iraníes y muchos de ellos siguen aún detrás de los barrotes, con frecuencia en celdas de aislamiento, a la espera de juicio, según organizaciones de defensa de los derechos humanos.