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Los desahucios se disparan casi un 63% en Euskadi en apenas dos años

En el primer trimestre de 2011 se registraron más de seis casos cada día

Pedro Gorospe

Muy pocos de estos dramas se comparten con amigos o conocidos. La gran mayoría los vive con vergüenza, con profundo dolor y con una sensación asociada de derrota capaz de hundir al más fuerte en un estado próximo a la desesperación. "El mundo dejó de tener sentido. Llevaba cuatro años pagando el apartamento y me marché con la bolsa de deporte, a las doce y media, sin saber dónde ir y con 40 euros", asegura Marcos L. de U. Llevaba trabajando en la construcción desde 2001. En 2005 se decidió a comprar un piso y el banco le prestó para la vivienda y una ranchera. En 2008, se quedó sin trabajo y a principios de este año, sin piso.

Por cada caso que llega a los medios hay cien que no lo hacen. Por cada afectado que decide luchar contra una entidad financiera hay otro centenar que se resignan, cogen sus pertenencias y recuerdos, los aprietan en una maleta e intentan empezar de nuevo.

Desde el inicio de la crisis, a finales de 2007, los desahucios resultan más habituales de lo normal en Euskadi. Entre 2008 y 2010 han crecido un 62,4% y en el primer trimestre de este han vuelto a marcar otro récord, con más de seis casos diarios. Los datos facilitados por el Tribunal Superior muestran que los desahucios se dispararon en 2010 un 51,3% con respecto del año anterior al pasar de 1.297 solicitudes de lanzamiento en los juzgados vascos a 1.963. En 2008, los casos se quedaron en 1.209, con lo que el aumento supone es más de 60%.

Lanzamiento es el término judicial que describe el acto mediante el cual se despoja a una persona de la posesión material de un bien inmueble, en ejecución de una resolución dictada por un juzgado. Desde 2008 y hasta finales del año pasado, el total de casos en Euskadi ascienden a casi 4.500 y siguen subiendo. En el primer trimestre de este año se presentaron en los departamentos de notificaciones y embargos un total de 567 casos nuevos -lo que supone más de seis cada día-, la cifra más alta de los 13 trimestres transcurridos desde enero de 2008.

En la mayoría de las ocasiones el problema comienza con el impago de uno de los recibos del préstamo hipotecario y termina varios meses después con el lanzamiento de la vivienda.

El último caso conocido ha sido el de un matrimonio de avanzada edad de Berango que iba a ser desalojado de su caserío por una deuda impagada con un prestamista privado por valor de 25.900 euros que habían solicitado para arreglar el tejado después de que ninguna entidad financiera quisiese concedérselo. La juez que dictó el desahucio ha aplazado el desalojo durante 15 días por la enfermedad del propietario.

Un caso diferente es el de Amaia G. Todavía no pesa una orden de desalojo sobre su vivienda, pero está litigando en el juzgado contra esa posibilidad. Se siente en primera línea de la crisis y considera tremendamente injusto que pueda perder su casa por la deuda de su exmarido. Esta vecina de Santurtzi se separó y su expareja no pagó su parte de la hipoteca. "Aunque yo he seguido pagando, la caja me ha corresponsabilizado de su deuda, con lo cual tengo un problema", apunta.

Su nomina mensual asciende a 509 euros, tiene un hijo de cinco años y su exmarido tampoco paga la pensión alimenticia. Su piso le costó más de 300.000 euros en 2006 y ahora regatea para no bajar de 240.000 en una venta para la que no encuentra compradores. La entidad que le concedió el crédito ya ha iniciado la reclamación judicial que acabará con el desahucio. Si logra vender antes su casa, todavía arrastrará una deuda superior a los 60.000 euros. "Ahora estoy tramitando la Renta de Garantía; ya veremos a ver si me la conceden. Me siento condenada a convivir de por vida con una deuda que no es mía", deplora.

El crecimiento de los desahucios confirma que los efectos de la crisis se están acentuando para muchos ciudadanos a medida que pasa el tiempo y se acaba el cobro de las prestaciones de desempleo.

La cifra de parados supera ya los 140.000 en Euskadi y la patronal prevé que este año habrá 4.000 más, confirmando lo que advierten las asociaciones de consumidores y de usuarios de hipotecas: "Esto no ha hecho más que comenzar".

Los embargos y las ejecuciones hipotecarias también se han disparado en los últimos tres años. Los desahucios suponen, en la mayoría de los casos, la consecuencia final de las ejecuciones hipotecarias. Si para las entidades financieras el problema se llama crecimiento de la morosidad, lo que les está obligando a hacer fuertes provisiones, en las familias se llama embargos, que primero se dirigen contra los bienes muebles y después contra los inmuebles.

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas, que en Euskadi encabeza Marta Uriarte, intenta ofrecer asesoramiento a las personas que tienen problemas para poder pagar sus créditos. Cada vez más personas acuden a ella, y plataforma está luchando en muchas comunidades autónomas para que se visualicen este tipo de problemas y llegue a la opinión pública el papel que están jugando las entidades financieras con sus clientes. "Se les llena la boca con la Obra Social, y con que destinan no sé qué porcentaje de los beneficios para el bienestar de la comunidad y están poniendo en la cuerda floja a mucha gente", señala Uriarte.

"O comía o pagaba"

"Esta misma semana, si no hay un arreglo, mi abogado va a solicitar concurso de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil", declara Marta Uriarte, responsable de la Plataforma de Afectados por Hipotecas. "Queremos pagar, tenemos recursos pero las condiciones que nos pone BBK son inadmisibles", agrega.

Marta Uriarte sabe que el concurso de acreedores supone una figura diseñada especialmente para reordenar las deudas de las sociedades en quiebra o en riego de estarlo y con más de un acreedor. La legislación que lo desarrolla permite también a las familias presentarse ante un juez para que reoriente su pasivo y devuelva la solvencia a la unidad familiar. Aunque los expertos recomiendan a las sociedades de gananciales y a las personas físicas intentar resolver sus problemas de liquidez por otras vías, hay casos en los que se puede solucionar.

El caso de Marta Uriarte resulta especial. Logró aplazar el pago de las cuotas de su hipoteca al sufrir graves daños en su casa después de las inundaciones del río Gobela, en Getxo, en 2008. Poco después, ya en 2009, la empresa de transportes de su marido cerró. Se quedaron solo con su sueldo, que no les llega para vivir y pagar la hipoteca. "Tuve que decidir entre comer o pagar la hipoteca", dice Uriarte. "Ahora la caja me pide 20.000 euros para renovar el crédito y no puedo hacer frente a esa cantidad. Voy a hablar con mi abogado y nos vamos a concursar. Creemos que con una reordenación de la deuda y mejores condiciones somos solventes", abunda.

A diferencia de una sociedad, una persona física no quiebra, no puede disolverse por una crisis económica.

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Sobre la firma

Pedro Gorospe
Corresponsal en el País Vasco cubre la actualidad política, social y económica. Licenciado en Ciencias de la Información por la UPV-EHU, perteneció a las redacciones de la nueva Gaceta del Norte, Deia, Gaur Express y como productor la televisión pública vasca EITB antes de llegar a EL PAÍS. Es autor del libro El inconformismo de Koldo Saratxaga.

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