El drama de las cuentas públicas

Baleares cierra más de la mitad de las empresas autonómicas y despedirá a 800 trabajadores

Palma de Mallorca - 29 sept 2011 - 07:00CEST

"Hay que adoptar soluciones". El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, se escudó ayer en lo prometido en el programa electoral del PP para presentar la eliminación de 92 de las 176 empresas y consorcios autonómicos. Esta operación para la reducción del gasto público y del tamaño de la Administración representará un ahorro de 115 millones anuales, pero implicará el despido de 800 de los 3.500 empleados contratados en "esta maraña" de compañías, dijo Bauzá. "Los puestos de trabajo no se deben crear desde la Administración, sino desde la empresa privada".

El Gobierno de Bauzá no especificó cuáles serán las plantillas afectadas por las bajas de personal, pero sí aseguró que se abordarán salidas personales para mitigar los efectos de una actuación que "no será la última".

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El tijeretazo se inició hace cien días. Primero se redujo a la mitad la estructura de cargos políticos del Ejecutivo. Más adelante se eliminó el amparo a 89 liberados sindicales institucionales, que deberán volver a sus puestos de trabajo. Decenas de profesores, asesores técnicos destinados a los despachos de Educación, retornaron a las aulas para dar clases en sus centros de origen.

En adelante, Baleares no incorporará interinos para cubrir bajas temporales. Los contratos de los actuales (unos 5.000 en Educación y Sanidad) no serán renovados. Los empleados laborales de contrato (unos 300) perderán su empleo al concluir el actual periodo.

Hay medidas de ajuste que afectan al bolsillo de los funcionarios de carrera: los pluses de productividad y las horas extras se suprimirán. Además, las peonadas, las jornadas ampliadas en Sanidad, ya han sido anuladas en un plan de ajuste de 129 millones en cinco meses en este sector.

En su plan pactado con el Gobierno central, Baleares ha de reducir 360 millones en gastos antes de fin de año para intentar cumplir con el déficit del 1,3% definido por el Estado.

El PSOE, por boca del expresidente Francesc Antich, acusó a Bauzá de seguir "una política de ordeno y mando". UGT y CC OO le recriminaron que no negocie.

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