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Un empresario denuncia a su banco por abrirle cuentas sin su permiso

El juez reclama en la oficina bancaria las autorizaciones de apertura

Agentes de la policía nacional acudieron a la sede de empresas del BBVA en Alicante a finales de julio por orden del juez para reclamar unos documentos (que la entidad bancaria afirmaba no encontrar) en relación con un supuesto delito de estafa. A finales de 2010 Ignacio B., empresario turístico en La Marina, denunció que el banco tenía abierta a sus espaldas una cuenta deudora a su nombre por importe de 860.000 euros en la que presuntamente se hicieron movimientos sin que él (a efectos bancarios, titular de la cuenta) conociera su existencia.

Según su abogado, Fernando Crespo, el asunto ha tenido un alto coste para el empresario, que vio cómo se le cerraba el acceso al crédito en cualquier entidad financiera y que se expone a una millonaria sanción de Hacienda por no haber declarado un incremento de patrimonio que en realidad, afirma, no se produjo.

El empresario cree que un empleado se dedicó a "jugar" con su dinero

El Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante ha imputado a Fernando L., exgestor de empresas del BBVA, y a los directivos del mismo banco en la ciudad José T. y Miguel Ángel C. El banco, que por medio de un portavoz declinó hacer declaraciones sobre el asunto, ha sido señalado por el juez responsable civil subsidiario en caso de que la denuncia prospere.

En abril de 2010, según la denuncia que originó la causa, Ignacio B. acudió a pedir un crédito del ICO a una oficina de Banco Santander. Para su sorpresa, señala, allí le indicaron que la operación era inviable porque según datos del Banco de España existía un riesgo a nombre de su sociedad Promociones Itaca por importe de 860.000 euros en el BBVA.

El empresario fue al BBVA y pidió explicaciones a su gestor. Según su versión, que el juez ha encontrado lo bastante sólida como para iniciar el procedimiento, el empleado bancario reconoció los hechos y le rogó que le ayudara a hallar una solución para evitar que lo despidieran, asegurándole que él saldaría la deuda.

Ignacio B. mantenía con el gestor una relación de amistad. Ese es el motivo, sostiene, de que aceptara la propuesta de Fernando L. de suscribir una hipoteca sobre una de sus fincas para cubrir los 860.000 euros que teóricamente debía, "pensando que era una mera formalidad contable".

El problema resurgió meses después, cuando el banco informó al empresario de que la finca hipotecada no cubría toda la deuda, instándole a suscribir una hipoteca sobre otro bien. Una propuesta en la que intervinieron presuntamente los otros dos directivos del banco imputados. El empresario se negó y denunció.

El gestor se hizo cargo personalmente de la deuda de 860.000 euros tras suscribir una hipoteca. Poco después el BBVA le despidió. Su abogado afirma que no realizó ninguna operación que Ignacio B. no hubiese autorizado o firmado, y vincula su despido a que se excedió en sus atribuciones.

Según el abogado de I. B., además de la cuenta a nombre de Promociones Itaca, en el BBVA existía otra cuenta personal a nombre de su cliente que desconocía, y que ambas registraron numerosos movimientos. El letrado sospecha que el gestor bancario se dedicó a jugar con el dinero utilizando a Ignacio B. como tapadera y afirma que las dos cuentas eran "opacas" para su cliente a través de la banca electrónica, que era la vía que utilizaba para relacionarse con la entidad. El banco lo niega.

El demandante reclamó al banco que entregara al juez las órdenes de apertura de las cuentas y las autorizaciones de los movimientos, para demostrar que él no los había firmado. La entidad alegó que no había podido localizar los documentos y que tampoco estaba obligada a entregarlos. Finalmente, entregó documentación que, según el abogado del demandante, no era la solicitada. El banco apunta, en los escritos presentados al juez, que la apertura de las cuentas y los movimientos que se produjeron en ellas responden a la amistad entre el empresario y su exgestor y mantiene que las irregularidades se habrían producido en todo caso con conocimiento del empresario y en connivencia con el exempleado. El abogado del empresario considera, en cambio, que los dos directivos y el banco han intentado encubrir las irregularidades presuntamente cometidas por su exempleado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 26 de septiembre de 2011