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El Obispado de Ciudad Real desahucia a una familia por impago

Raquel Seco

El Obispado de Ciudad Real ha desahuciado a una familia de nueve miembros, incluidos cinco menores. Desde este miércoles viven en el portal del edificio, en la calle Libertad, con el temor de que los servicios sociales se lleven a los niños, de cinco a 13 años.

Purificación Flores, la abuela, explica que la familia dispone de escasos ingresos, procedentes de dos pensiones de invalidez, y se queja de que el administrador de la propiedad, sacerdote, no ha tenido piedad de su mala situación económica, a pesar de que le propusieron pagar "poco a poco" la renta, de 450 euros mensuales por un piso de cuatro habitaciones.

"En enero empezaron a irnos las cosas mal. Escribí una carta al obispo, estaba confiada en que iba a hacer algo. Cuando fuimos a ver al administrador de la vivienda, el cura nos recibió en la puerta", recuerda Flores, que vivía en el piso desde noviembre pasado con su marido, jubilado, dos hijos y cinco nietos. La mujer, de 59 años, llora al teléfono mientras explica que se ha hecho cargo de los niños desde que nacieron. "No tengo ni para pagarme una pensión", asegura.

Según ella, los únicos ingresos que entran en la casa son los 300 euros mensuales que cobra uno de sus hijos por invalidez y los 800 de otra pensión de su esposo, de los que les retienen 200 por un antiguo crédito. Niega haber recibido ayudas de Cáritas, como dice la Diócesis, aunque sí alguna ayuda puntual de la Concejalía de Asuntos Sociales.

5.000 euros de deuda

El obispado da una versión muy diferente. Argumenta que ha actuado de buena fe, haciéndose cargo incluso de los gastos de luz, agua y cuota de comunidad durante estos meses. En estos momentos, la deuda acumulada ya supera los 5.000 euros.

El Seminario Diocesano, propietario, "concluye anualmente el ejercicio económico con déficit y tiene dicho piso como fuente de ingresos para su sostenimiento económico", señala. Por ello, "en varias ocasiones, en diálogo personal y por carta, se les ha pedido que abandonen el piso por los sucesivos impagos. Después de ser requeridos a un acto de conciliación al que no acuden, el Juez dictó sentencia firme en el mes de junio instándoles a que abandonasen el piso", apunta la Diócesis en un comunicado. "Lamentamos que la familia Pardo haya agotado los plazos hasta llegar a esta situación y no haya querido buscar soluciones en ningún momento", dice. "Hemos agotado todos los recursos a nuestro alcance".

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Sobre la firma

Raquel Seco
Periodista en EL PAÍS desde 2011, trabaja en la sección sobre derechos humanos y desarrollo sostenible Planeta Futuro. Antes editó en el suplemento IDEAS, coordinó el equipo de redes sociales del diario y la redacción 'online' de Brasil y trabajó en la redacción de México.
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