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Editorial:

Lecciones del Fondo

La estancada economía española necesita reformas laborales y fiscales para crear empleo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha lanzado dos mensajes claros que implican con distinta intensidad a la economía española. Sugiere que Europa necesita una nueva ronda de recapitalización bancaria, y a este reclamo acudió el comisario de Mercado Interior, Michael Barnier, pidiendo más capital para 16 bancos de la zona euro, siete de ellos españoles. El Banco de España ha negado que las entidades españolas necesiten más capital. Parece más prudente creer al gobernador Fernández Ordóñez. En la coyuntura actual, Bruselas debería preocuparse sobre todo de los bancos italianos y alemanes.

Pero el segundo mensaje sí golpea de lleno a España. La previsión de desaceleración económica mundial es poco tranquilizadora. Para la economía española prevé una tasa de crecimiento del 1,1% en 2012, lo cual significa que no habrá recuperación el año próximo. La sociedad española tendrá que soportar al menos durante otro ejercicio una tasa de paro superior al 20%. La visión relativista ("otros están peor, ni siquiera crecen") es equivocada. Porque lo que asfixia las opciones de crecimiento español son las restricciones crediticias, se supone que en camino de corrección, y la descomunal tasa de paro, que obliga a sobreesfuerzos en el ajuste económico y cercena cualquier posibilidad de reactivación de la demanda.

Estas deberían ser razones suficientes para que el Gobierno que se forme después de las elecciones tenga que ocuparse prioritariamente de reducir el paro, hasta el punto de hacer de ello una causa nacional. Para ello, el nuevo Gobierno tendrá que ajustar tres piezas relacionadas entre sí y en ellas no puede cometer errores. La primera es una revisión en profundidad de la reforma laboral aprobada en esta última legislatura; ya está demostrado que la actual es un fiasco.

La segunda pieza decisiva es una reforma fiscal. Se trataría con ella de permitir el funcionamiento de la tercera pieza, que no puede ser otra que la articulación de las políticas de estímulo de la demanda que sea posible financiar en las condiciones actuales (es decir, aceptando el compromiso de reducción del déficit). Se entiende pues que esa reforma fiscal no puede pretender una rebaja de impuestos, sino lo contrario. Y se entiende también que los estímulos no pueden ser los triviales mecanismos de desgravaciones fiscales, nada menos que en el impuesto de Sociedades, que anuncia el candidato del PP.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de septiembre de 2011