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Los abogados de Granada fracasan en el intento de extender su rebelión

El colegio andaluz se desmarca de la huelga del turno de oficio

La intención del Colegio de Abogados de Granada de extender la suspensión del turno de oficio como medida de protesta a otros colegios de Andalucía por los impagos de la Administración autonómica ha fracasado. Y no solo eso, los letrados de Granada tendrán que restablecer la normalidad cuanto antes, según acordó ayer la comisión permanente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, que se reunió en Antequera.

En ese encuentro tenía puestas parte de sus esperanzas el decano del colegio granadino, Eduardo Torres, después de que algunos compañeros le hubieran comunicado que también atravesaban dificultades económicas. A la Junta le molestó enterarse por la prensa de que los letrados habían acordado paros parciales y, pese al anuncio del pago de la cantidad correspondiente a julio y agosto, el Colegio de Granada no tenía en principio intención de interrumpir la suspensión de turno de oficio hasta al menos el 11 de noviembre, que es cuando hay prevista otra junta general.

El argumento es que además de las reivindicaciones económicas hay otras: aumentar el número de letrados asignados a diario para la asistencia de detenidos de 18 a 23; reconocimiento de asistencia sanitaria; un seguro de accidentes para cubrir posibles eventualidades durante la prestación del servicio; la adecuación de las sedes judiciales o revisar el control en el sistema de concesión de justicia gratuita para evitar fraudes, entre otras.

Todo cambió después del correctivo de ayer. La comisión permanente del Consejo Andaluz de Colegio Abogados recordó que en materia de asistencia jurídica gratuita las competencias son del consejo y no de los colegios -en Andalucía hay 11, uno por capital más Jerez, Antequera y Lucena- y subrayó que es precisamente dicho órgano el "único interlocutor válido" con la Junta para las materias que le corresponden.

Entre los acuerdos adoptados por unanimidad por los decanos asistentes, incluido el de Granada, está recriminar la decisión del colegio granadino de suspender el turno de oficio y la asistencia a detenidos cuatro horas los martes puesto que fue adoptado "sin consentimiento" del consejo. Dicho órgano le pide que "normalice" la situación para garantizar el derecho de defensa y un servicio público "imprescindible" para los ciudadanos andaluces.

La comisión permanente también recuerda que los colegios son autónomos pero en las materias de su competencia y reconoce que las reivindicaciones del de Granada son las que "tradicionalmente" negocia el consejo con la Junta. El decano granadino explicó al término de la reunión que la próxima semana se reunirá con la junta de gobierno para decidir si convocan una junta general antes de noviembre y poner así fin a la huelga como le ha urgido el consejo.

La Junta paga los atrasos

La Junta de Andalucía abonó precisamente ayer los atrasos correspondientes a julio y agosto por lo que, según el consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, se han destinado en lo que va de año 25 millones de euros a la justicia gratuita en la comunidad, lo que supone dos millones más que en todo 2010.

Menacho se lo dijo a Eduardo Torres el pasado jueves cuando ambos se encontraron en Granada en la apertura del año judicial. Ayer en Jaén, el consejero volvió a insistir en que la Junta considera "esencial" la justicia gratuita para preservar la "igualdad de oportunidades" y subrayó el compromiso del Gobierno andaluz, informa Europa Press.

Reconoció las carencias y puso el caso de Andalucía como contraste al de otras comunidades, como Madrid. "Durante los ocho primeros meses del año los abogados y procuradores no han recibido ni una sola peseta", dijo. Pese a las dificultades, "la justicia sigue siendo fundamental para el Gobierno andaluz", zanjó el consejero.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de septiembre de 2011

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