Los abogados de Granada buscan extender la protesta a otras provincias

La decisión del Colegio de Abogados de Granada de suspender el turno de oficio y la asistencia a detenidos cada martes de diez de la mañana a dos de la tarde por los impagos de la Junta de Andalucía no ha sentado bien a la Administración autonómica. El consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, reconoció ayer que había retrasos pero consideró que la demora "no es suficiente" para suspenderlo. La situación, sin embargo, puede agravarse y extenderse a otras provincias si no hay acuerdo.

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, que se reúne el viernes en Antequera, abordará el tema. "Espero que se adhiera alguna provincia más", afirma el decano del colegio granadino, Eduardo Torres, que ayer se comunicó con otros decanos. "La medida acordada no va a provocar por ahora un colapso", aclara. Admite que es más una "llamada de atención" pero si no hace reaccionar a la Junta desembocará en medidas más drásticas que se adoptarán el 11 de noviembre en una nueva junta general.

Los letrados harán los martes una huelga parcial de cuatro horas

Los juicios fijados con abogados de turno de oficio no se van a suspender ni a aplazar. La medida afecta principalmente a nuevas designaciones de abogados de oficio. "Al juzgado que lo solicite se le comunicará que en principio no se va a asignar a nadie", subraya. Torres estima que al día reciben una media de 15 solicitudes. La asistencia a detenidos está garantizada con la salvedad de cuatro horas los martes. Se suspende la designación, lo que a efectos prácticos sí causará retrasos, pero no una ausencia de ese derecho.

La Junta tiene "dos deudas", dice Torres, con el colegio y los abogados. En Granada hay casi 900 letrados de turno de oficio, 804 que prestan asistencia a detenidos y 250 de asistencia penitenciaria. En 2010 atendieron 18.483 asuntos y prestaron 22.434 asistencias a detenidos. "La situación es sumamente grave y se va a traducir en más retrasos", lamenta el juez decano de Granada, Francisco Sánchez Gálvez, que insta a los implicados a dialogar para provocar los menores trastornos posibles. Si persiste la situación, el decano -que ha mantenido contactos con ambas partes- se reunirá con responsables de los juzgados de violencia de género, penal e instrucción para evaluar la situación.

La tramitación de diligencias será una de las damnificadas por esta medida que los abogados han adoptado al no poder asumir más los gastos del servicio. El consejero de Gobernación y Justicia criticó la "alarma social" generada por el colegio de Granada en un tema de "mucha delicadeza" y aseguró que el pago pendiente -julio y agosto, según la Junta- se resolverá en breve puesto que las cuentas están siendo fiscalizadas.

El decano del colegio rebate esa afirmación y mantiene que lo que la Junta debe a los abogados granadinos por la asistencia jurídica gratuita son casi dos millones de euros, entre lo de los letrados y el colegio. "Es una barbaridad para una institución como ésta", afirma.