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Verdeguer plantea el regreso a la industria y la economía productiva

El consejero anuncia control del sector público y recorte de sueldos de directivos

Se acabó la fiesta. El nuevo consejero de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, no lo dijo pero la idea quedó clara en su intervención. Ajeno a la política de la Generalitat los últimos tres lustros, Verdeguer, que no es ni militante del PP, planteó ayer ante el pleno de las Cortes Valencianas, en la ronda de comparecencias de los miembros de este Consell que nombró Francisco Camps y ha heredado Alberto Fabra, un modelo basado en la industria, la productividad y la competencia en un mercado internacional sometido a grandes transformaciones.

En un contexto de crisis planetaria (no hizo alusión alguna a la política del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, salvo para plantear la colaboración), Verdeguer dibujó, de hecho, un auténtico cambio de rumbo al situar "la mejora de la competitividad en un mundo global como única forma de crear empleo" y añadir que "la economía productiva es la única garantía de desarrollo sostenible". En una comunidad que ha visto deteriorarse sus sectores industriales bajo el peso de la apuesta por los grandes eventos, el turismo y la burbuja inmobiliaria, el discurso del consejero, que no despertó entusiasmo en el Grupo Popular, sonó bien a la oposición, que exigió más concreción y un recorte más profundo de los organismos y empresas públicas que han proliferado en los últimos tiempos.

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Verdeguer reiteró que una Corporación Pública Empresarial Valenciana se hará cargo del centenar largo de empresas y entidades dependientes de la Generalitat y dijo que prevé recortar un 20% su capítulo de gastos con el objetivo de ahorrar unos 400 millones de euros. Añadió que un 3% de ese ahorro irá destinado a apoyar a emprendedores. También dijo que un decreto ley de Régimen Económico-financiero del Sector Público incluirá, entre otras medidas, un régimen de incompatibilidades de los directivos de empresas y entidades públicas similar al de los altos cargos del Consell y una limitación de sus retribuciones (salvo autorización expresa) por debajo de las de los altos cargos.

Verdeguer, que puso mucho énfasis en el contexto internacional (procede del Instituto de Comercio Exterior) anunció el cierre de oficinas del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) en Toronto, Pekín, La Habana, Buenos Aires y Tokio y la apertura de oficinas o la ampliación de intereses en países como Brasil, Perú o Colombia y en toda el área de Asia. Los países emergentes son un objetivo primordial.

El diputado socialista Francisco Toledo retó a Verdeguer a ir más lejos y le propuso que la reestructuración del sector público valenciano libere por lo menos 2.000 millones que puedan ser reorientados hacia los objetivos de creación de empleo y reindustrialización, que dijo compartir. "No creo que el PP le deje hacer ese recorte", señaló Toledo.

Mireia Mollà, de la Coalició Compromís, como hizo toda la oposición, recordó que el PP y el Consell no querían hablar de nada de lo que ahora se considera prioritario. "Hace dos años nuestro grupo ya propuso la reestructuración del sector público", apuntó. Por su parte, Marga Sanz, de Esquerra Unida, dijo que el cambio de rumbo que el consejero propone es la expresión de "un modelo que ha fracasado".El Instituto Valenciano de Finanzas centralizará la deuda del sector público, cuya capacidad de endeudamiento estará sometida a restricciones. En caso de que se superen los límites, las empresas públicas podrían incluso ver limitadas sus inversiones. Así lo explicó el consejero de Economía, Industria y Comercio, que anunció un plan de pago a los proveedores para hacer frente a la gran morosidad de la Administración valenciana. Verdeguer, que condicionó esos pagos a que "se reabran los mercados de deuda y se reasignen los fondos de gasto corriente", dedicó una parte de su intervención ante las Cortes Valencianas a explicar la necesidad de mejorar la imagen de la Generalitat ante los inversores. Para ello anunció una página web que reúna "en un único lugar toda la información de interés para inversores de deuda y prestamistas de la Generalitat". "Ganar en transparencia y dotar de más credibilidad económica" a la Administración valenciana "facilitará más financiación", dijo Verdeguer, que se mostró partidario de "tender el mayor número de puentes con otras Administraciones", como la del Estado, otras comunidades autónomas e instituciones del ámbito internacional, para "abrir todos los cauces". El consejero fue claro al marcar el objetivo de "recuperar la confianza" en las emisiones de deuda de la Generalitat.

Difundir la oferta inmobiliaria valenciana en el extranjero fue otra de las propuestas del consejero, que consideró "fundamental reducir el stock de viviendas" acumulado durante los últimos años. "Queremos aumentar el número de empresas que se beneficien del apoyo público logrando que los proyectos empresariales que se generen en la Comunidad Valenciana obtengan los recursos necesarios para hacerse realidad", señaló Verdeguer, que desgranó, entre otras medidas para la reactivación económica, la ampliación de los instrumentos financieros del Instituto Valenciano de Finanzas, la unificación de todos los recursos en un único órgano gestor y la reducción del importe mínimo de los créditos. El titular de Economía, Industria y Comercio citó sectores como el calzado, la cerámica, el mueble, el juguete o el textil como los más importantes y destacó que la valenciana está entre las primeras comunidades autónomas en exportaciones de tecnologías de la información y la comunicación y de energías renovables. La internacionalización, para crear empleo de calidad en "un marco de reactivación industrial", fue la propuesta de Verdeguer, que concluyó pidiendo apoyo a la oposición. "La suma de esfuerzos es la mejor forma de actuar".

El socialista Francisco Toledo le tomó la palabra al invitarlo a que gobierne. "Hemos tenido tres años de gestión sin Gobierno", dijo el diputado. "Si el Consell actúa como debe, hay solución". Toledo añadió que sin política industrial no habrá futuro y emplazó a Verdeguer a salvaguardar las inversiones en sanidad, educación o servicios sociales y recortar "esos 3.500 millones de euros anuales de fondos públicos que se destinan a un entramado de más de 130 empresas y fundaciones públicas". Según Toledo, además de recortar hay que "perder grasa y ganar músculo económico, incentivando la transformación de nuestra economía". "En eso nos encontrará", concluyó. Una actitud que, con matices, compartieron Mireia Mollà, de Compromís, y Marga Sanz, de Esquerra Unida. Mollà aplaudió que los directivos de empresas públicas vayan a cobrar menos que el presidente del Consell. Sanz preguntó si la reestructuración del sector público "va a ir por vía de la privatización".

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