El paro y los impuestos

Barack Obama encara la última fase de su mandato con una apuesta de reequilibrio económico-social que entraña una enorme dificultad política, por el obstruccionismo republicano en las Cámaras, y sin embargo denota bastante sensatez y equilibrio en sus concretas apuestas económicas.

Hace algo más de una semana logró con cierta holgura cuadrar el círculo de lo deseable y lo posible en su plan por el empleo. Lo deseable, desde su posición progresista, era devolver el drama del paro a la categoría de primera prioridad de su mandato, en detrimento del aparentemente más tecnocrático debate del déficit público que tanto le perjudicó en julio y agosto: la pretensión era teñir su legislatura de social y de sensible a los sectores más desfavorecidos, no solo los trabajadores, sino también de amplias clases medias. El secreto del éxito del plan recayó en que era más ambicioso de lo que nadie preveía, y al mismo tiempo contenía medidas (como algunas reducciones selectivas de impuestos a la economía productiva) aceptables por el conservadurismo inteligente.

La segunda ronda del envite se plasmó el lunes con su propuesta para reducir el déficit presupuestario en 10 años por una cuantía de cuatro billones de dólares: con un doble objetivo, cumplir los compromisos de saneamiento de las finanzas públicas que permitieron en agosto la formalización de un pacto para liberar el endeudamiento, y encajar las previsiones del nuevo gasto (325.000 millones) incluido en su plan para la creación de empleo.

A nadie se le oculta que la posibilidad de que este esquema se abra paso es extraordinariamente difícil, a tenor de la retórica desplegada por los republicanos, especialmente los del ala más ultra. Pero si alguna posibilidad tiene la propuesta es que encierra un equilibrio similar al de la anterior: de los cuatro billones, uno sería ahorrado por los menores gastos militares en Irak y Afganistán; algo más de uno y medio por la reducción de gasto social, y una cantidad algo inferior por un aumento de los impuestos a los más pudientes, eliminando las ventajas que George Bush concedió a las rentas superiores a 250.000 dólares. Y, desde luego, la posibilidad de abrirse camino radica en el apoyo ciudadano que pueda suscitar, que se cifra, según los primeros sondeos, en el 63%.

La nueva fiscalidad para los más ricos se apoya además en la complicidad de buena parte de ellos mismos, como simbolizó en un artículo el multimillonario Warren Buffet. Aunque la propuesta es vituperada como si fuera lanzada por un bolchevique, es en realidad una propuesta centrista, como las que permitieron a Clinton recuperar la desventaja cosechada en su primera legislatura y conseguir así apoyos pluripartidistas para ganar un segundo mandato. Si parece mucho más izquierdista es porque trata de contrarrestar décadas de contrarreforma social, en las que los salarios han disminuido sustancialmente su peso en el PIB y en las que las rentas altas han logrado reducir notablemente su exposición a la fiscalidad.