La Generalitat se adelanta dos años al objetivo de la reforma constitucional

El Gobierno catalán ha decidido adelantarse dos años a los objetivos de déficit que se fijaron el PP y el PSOE cuando pactaron la reforma constitucional y se ha fijado 2018 como fecha para limitar su déficit estructural al 0,14% del producto interior bruto (PIB), de acuerdo con el anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria que el Ejecutivo de Artur Mas aprobará en las próximas semanas. El texto deberá ser aprobado por el Parlament antes de que acabe este año, de forma que Cataluña se anticipará a la ley orgánica que desarrollará el nuevo artículo 135 de la Constitución y que establecerá que el déficit estructural para el conjunto de las Administraciones de España no podrá ser superior al 0,40%.

El consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, ya anunció durante el debate de los presupuestos de 2011 que en septiembre el Gobierno catalán tendría preparada esa ley. Lo hizo antes de la reforma acordada por el PSOE y el PP, que disgustó a CiU, ya que consideró que "atentaba" contra la autonomía financiera catalana. La exposición de motivos del anteproyecto, de hecho, reivindica esa autonomía y en ningún momento alude a la reforma constitucional para fijar ese techo de déficit, sino al compromiso de la comunidad con los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados por la Unión Europea.

Aun así, el anteproyecto no se contradice con el contenido de la futura ley orgánica estatal y fija el déficit estructural en el 0,14% del PIB. Y es que el Ejecutivo catalán, pese a estar en desacuerdo con la reforma constitucional, comparte el objetivo de limitar el saldo presupuestario estructural, el que se produciría si la economía se mantuviera sobre su tendencia de crecimiento. Las atribuciones de fijar ese indicador recaerán en el departamento de Mas-Colell y en el Instituto Catalán de Estadística.

Además de mantener el equilibrio de sus cuentas, la Generalitat también prevé ahorrar para hacer frente a la deuda. Los pagos de intereses y capital a bancos y cajas pasarán a tener "carácter prioritario" sobre cualquier otra partida de gasto. Para ello, el texto prevé la creación de un fondo de reserva al que se destinarán los ingresos que sean superiores a los "tendenciales", es decir, cuando se recaude más de lo previsto porque una posible época de bonanza suponga una mayor inyección de recursos. Ese excedente, según el anteproyecto, solo podrá usarse para cancelar deuda o para "no efectuar nuevas apelaciones al crédito".

La aprobación de esta norma requerirá el concurso de otro partido. El Gobierno catalán espera no hallar dificultades para sacarla adelante en el Parlament, puesto que el PSOE y el PP ya pactaron una ley orgánica en esa línea. De hecho, el PP ya puso como precio a su abstención ante los presupuestos de 2011 la aprobación de una ley de estabilidad presupuestaria y en numerosas ocasiones se ha ofrecido a acordarla.