Vivir sin déficit es caro

El déficit público se acaba. Por ley. España, como hizo Alemania en 2009 y hará Italia, acaba de implicar en ello a la propia Constitución. Gane quien gane las próximas elecciones generales, hay que cumplir el mandato constitucional y toca reducir gastos, subir impuestos o hacer una mezcla de las dos cosas para acabar con el déficit. La otra vía, la de que la economía vuelva a crecer a tasas elevadas, dispare la recaudación fiscal y elimine el déficit, es hoy por hoy una quimera. El déficit público "estructural" (el no ligado un mal momento económico) deberá desaparecer en una fecha aparentemente tan tardía como 2020. ¿Cómo harán las Administraciones para vivir sin déficit cuando no haya crisis? ¿Cómo se las arreglarán para cuadrar las cuentas? ¿Recortarán gastos? ¿Subirán impuestos?

"Se pueden eliminar exenciones fiscales y combatir el fraude", opina un experto

Un analista cree que subir los impuestos "daña la inversión, el ahorro y el trabajo"

Sartorius: "Nos quedamos sin política fiscal, pero no la hay europea"

"Es pura cosmética para calmar a los mercados", según un profesor del IESE

Con las elecciones generales a dos meses vista, economistas, sindicalistas y expertos consultados dicen que es el momento para que los candidatos se mojen ante preguntas como estas y se expliquen en la campaña electoral. A falta de los programas electorales, lo dicho hasta ahora se va conociendo con cuentagotas: el PSOE plantea resucitar el impuesto sobre el patrimonio limitándolo a los que más tienen e introducir un gravamen a la banca. El PP, en cambio, se inclina por recortar gastos y no habla de impuestos.

En la Administración central, las medidas de ajuste las tendrá que plantear quien forme Gobierno a partir del 20 de noviembre. Pero algunas medidas, basadas en el recorte de gastos, se están empezando a adoptar ya en comunidades como Cataluña (donde gobierna CiU), Castilla-La Mancha y Extremadura (dirigidas por el PP), en parte por la situación heredada.

Desde la izquierda se desconfía, en general, del precipitado final del déficit "estructural", metido a toda prisa en la Constitución. El texto dice que solo podrá existir "en caso de catástrofes, recesión económica o situaciones de emergencia que escapen al control del Estado". El límite exacto al déficit y las excepciones quedan para una futura ley orgánica a aprobar a mediados de 2012. Pero algunos vaticinan ya que, con el límite al déficit, los Gobiernos quedan atados, sin margen de política fiscal y temen que venga una poda de gastos que acabe afectado al Estado de bienestar: sanidad, dependencia y pensiones.

En el plano teórico, el premio Nobel Paul Krugman está entre quienes piensan que la rigidez de la política fiscal está actuando en contra de la ansiada recuperación de la economía y el empleo a escala global y en particular en EE UU. "Los últimos dos años han confirmado de manera abrumadora lo que algunos tratamos de argumentar desde el principio: el déficit que tenemos en estos momentos -el que debemos tener, porque los déficits en tiempos de crisis ayudan a sostener a una economía deprimida- no supone una amenaza", dice en un artículo publicado en este diario. "Y por culpa de la obsesión por una amenaza inexistente, Washington ha hecho mucho más grande el problema real: el desempleo masivo, que corroe los cimientos de nuestra nación".

"Con la limitación del déficit se nos está diciendo que se acaba la política fiscal. Por eso, este asunto debería ser central en la próxima campaña electoral", afirma Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, de corte progresista, antiguo diputado y exdirigente del PCE y CC OO. "Nos vamos a quedar sin capacidad fiscal sin que a nivel europeo vaya a haber una política fiscal común como pasó cuando perdimos la peseta y la política monetaria, que fue sustituida por otra europea". Los partidos "deben explicar cómo lo harán para reducir el déficit a la mínima expresión", añade.

Desde posiciones liberales no se teme igual la bajada del déficit. Juergen B. Donges, economista hispano-alemán, expresidente del Consejo de Expertos Económicos de Alemania y catedrático de la Universidad de Colonia, dice: "Los Gobiernos no están atados. Solo tienen que establecer prioridades de gasto. Si un Gobierno quiere mucha política social puede hacerla, pero tendrá que reconsiderar otras partidas del presupuesto y recortar allí el gasto, por ejemplo, en materia de defensa".

A diferencia de España, Alemania ya ha puesto el límite al déficit en su Constitución (0,35% del PIB). Pero matiza Donges, que lo que se ha limitado es "el déficit estructural no el coyuntural" (el último puede producirse en una mala coyuntura económica). No hay, por tanto, "una restricción para hacer una política anticíclica", si las cosas vienen mal dadas, dice Donges. "Se trata de limitar gastos que una vez decididos hipotequen los presupuestos año tras año con independencia de la evolución cíclica de la economía", añade este economista.

Detrás del límite al déficit hay cifras multimillonarias. En España se llegó en 2009 a un pico de déficit público del 11,1% del PIB, o sea, a más de 111.000 millones de euros. Si el límite en 2020 quedara, como se ha avanzado salvo circunstancias excepcionales, en el 0,4%, equivaldría a 4.000 millones. Tomando años con déficits de entre el 3,2% (unos 32.000 millones de euros) y del 4,8% (48.000) como pasó entre 1996 y 1998, el final del déficit supondría reducirlo entre 30.000 y casi 40.000 millones de euros al año.

Aun así, el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, José García-Montalvo, afirma que en España, las cosas pueden cambiar poco con la nueva norma sobre el déficit. "De lo que se está hablando es de prohibir por ley solo el déficit estructural", es decir, el que se origina haya o no expansión económica, pero no el déficit coyuntural que se genera cuando viene una crisis", dice este economista. "Falta de ver lo que diga la futura ley orgánica. Pero con la salvedad, que tiene su importancia, de poner el cambio en la Constitución, no veo grandes cambios en lo aprobado porque España prácticamente no ha hecho en los últimos años déficit estructural. Incluso tuvo algún pequeño superávit", en los años 2005, 2006 y 2007, añade este catedrático. "Es importante que la futura ley orgánica que concrete las condiciones del déficit diga cuál será el máximo permitido, en qué circunstancias podrá generarse y que acote bien qué se entiende por déficit estructural", dice García-Montalvo.

Al profesor del IESE Alfredo Pastor no le gusta lo que se ha aprobado. "Es una vergüenza tener que poner en la Constitución o vincular a ella un límite al déficit. Son el Gobierno y el Parlamento los responsables de controlar el déficit. Poniéndolo en la ley fundamental da la sensación de que no son capaces de cumplir con su misión", reprocha Pastor, antiguo secretario de Estado de Economía con Felipe González. "Es una medida cosmética que se hace para tranquilizar a los mercados pero servirá de poco porque los mercados están ahora más preocupados por la ralentización del crecimiento económico", añade Pastor. Con todo, este experto asegura que "no hay que exagerar" con la nueva norma del déficit. "Falta saber aún la letra pequeña de la ley orgánica que regulará el límite. Creo que si se fijan excepciones para situaciones de crisis no habrá problemas", añade Pastor.

"Yo sí creo que limitar el déficit de la forma que se ha planteado pone en peligro el Estado de bienestar", asegura Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical de CC OO. "Aunque estamos de acuerdo en combatirlo, tememos que el ajuste acabará haciéndose solo desde el lado del recorte de gastos, contra los trabajadores". En cambio, "apenas se está explicando nada de subir impuestos a las rentas más altas. Los partidos deben de explicarse en la próxima campaña electoral para que todo el mundo sepa lo que vota cuando vaya a las urnas", dice el sindicalista de CC OO.

Pastor no opina igual. "Es demagógico decir que el ajuste fiscal recaerá solo sobre el Estado de bienestar. No tiene que ser así necesariamente. Se pueden subir impuestos, por ejemplo, el tramo más alto del impuesto sobre la renta o tomar otras medidas con otros impuestos. En cambio, recuperar el impuesto de patrimonio apenas produciría ingresos", opina Pastor. Los partidos "deberían explicar qué piensan hacer en la campaña, pero dudo que lo hagan porque creo que tienen miedo", añade el profesor de IESE.

Las estadísticas muestran que los tipos más altos del impuesto sobre la renta han bajado en los últimos años en bastantes países europeos. Ahora están subiendo en los que han sido rescatados o han pasado por mayores dificultades. Según el informe de la firma auditora KPMG, Impuestos y tipos de la Seguridad Social en 2010, Grecia, ya rescatado, ha subido su tipo máximo del IRPF del 40% en 2003 al 45% el año pasado; Portugal, igualmente rescatado, lo ha hecho del 40% de 2003 al 45,9% el año pasado; en Irlanda, que también ha requerido ayuda de la Unión Europa, la subida ha sido del 42% al 47% y en Islandia, que sufre una fuerte crisis, del 25,8% en 2003 al 46,3% en 2010.

Pero en países como España, Francia, Alemania o Italia los tipos máximos de la renta han caído de forma pronunciada entre 2003 a 2010, según KPMG: del 48,1% al 41%, en Francia; del 43% al 42%, en Italia; del 48,5% al 45%, en Alemania, y del 45% al 43% en España, donde llegó a estar en el 48% la década pasada.

¿Hay que subir impuestos? Sartorius dice que sí y plantea que "se puede recuperar el impuesto de patrimonio para cantidades altas y subir el IRPF para las rentas elevadas. La recaudación fiscal", añade, "ha caído mucho porque se han ido bajando impuestos. Se ingresa menos porque el Estado ha ido reduciendo su capacidad fiscal".

En cambio, Donges, que nació en Sevilla y es un buen conocedor de la economía española, cree que de ninguna manera, se deben subir el IRPF, el impuesto de sociedades (que grava los beneficios empresariales) o el de patrimonio porque se "daña la inversión empresarial, el ahorro y el trabajo". Sí, en cambio, se puede "mejorar la recaudación tributaria, por ejemplo, eliminando exenciones de impuestos, combatiendo el fraude fiscal y elevando impuestos indirectos, IVA incluido", opina este experto. Donges apuesta más por recortar gastos que por subir impuestos. "El efecto contractivo que se pueda producir a corto plazo es neutralizado por el efecto positivo de ganancia de confianza en la solidez presupuestaria por parte de los agentes económicos", dice el economista.

El secretario de Acción Sindical de CC OO no descarta nuevas movilizaciones contra la reforma constitucional sobre el déficit, tras la del pasado 6 de septiembre. Y defiende que "hay que subir impuestos a los que más tienen y no recortar gastos sociales de ninguna manera".

García-Montalvo insiste en que es el momento en que los partidos concreten sus propuestas. "Una sociedad como la española que no quiere pagar más impuestos debería de saber que puede tener un riesgo con su Estado de bienestar. Los políticos deben decir en la campaña qué piensan hacer con los impuestos y con los gastos. Si se quiere mantener el Estado de bienestar, no veo otra solución que recortar gastos o aumentar la presión fiscal", dice.