¿Debate ideológico y legitimador?

Con carácter general, sería deseable que los impuestos fuesen equitativos, incluso beligerantes a la hora de reequilibrar las situaciones desiguales de las personas en las economías de mercado, y en esto todos estaríamos de acuerdo de forma unánime, incluyendo, como nos vienen demostrando, algunos de los llamados ricos, colectivo que sería oportuno determinar. De hecho, todo el desarrollo de la llamada sociedad del bienestar se ha cimentado en la creencia de que los impuestos personales, renta, patrimonio y sucesiones, estaban llamados no solo a recaudar para financiar el gasto público, sino a redistribuir las rentas y riquezas asimétricamente situadas.

Los años sesenta del siglo pasado acuñaron un paradigma de la fiscalidad en la que los correspondientes impuestos sobre la renta y la riqueza debían jugar un papel determinante en ambos objetivos, acogiendo los países desarrollados de todo el mundo dicho canon de forma universal, desde los iconos de Suecia o Dinamarca, pasando por la propia Alemania, hasta las más escépticas culturas anglosajonas, como la británica o estadounidense.

La fiscalidad nacional ya no es el único instrumento para lograr la redistribución de la riqueza

Las modificaciones impositivas requieren un debate serio que no se quede solo en un gesto

Sin embargo, la realidad, siempre persistentemente tozuda, ha venido a demostrar que los impuestos, lejos de ser resortes de contenido moral o ético, son herramientas que presentan notables limitaciones tecnológicas, por no decir también con fuertes restricciones o imposibilidades ante determinados objetivos, que muy a menudo y con buena voluntad se les quiere asignar.

Las últimas décadas del siglo pasado y esta primera del XXI han servido para cambiar el paradigma tributario también de forma generalizada, abandonándose las pretendidas panaceas y virtudes de la fiscalidad nacional con objetivos relevantes de redistribución de riqueza como único instrumento para conseguirlos.

En el caso español, la transición democrática se hizo de la mano de la reforma tributaria del maestro de economistas Enrique Fuentes Quintana y del ministro Francisco Fernández Ordóñez, de 1977, cogiéndonos, como viene siendo habitual en nuestra historia, los hechos con cierto retraso respecto de los demás, y solo a partir de mediados de los años noventa se cambió el modelo de tributación español, aceptando lo que la realidad económica nos venía diciendo, día sí día también, respecto de los impuestos.

El impuesto sobre el patrimonio empezó siendo un tributo extraordinario y de carácter censal, que tenía por objeto cerrar la información del propio Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tanto las rentas del capital como las plusvalías generadas. Con el tiempo, el tributo perdió sentido, dado que la información para gestionar el IRPF es más que suficiente, acudiendo directamente a las propias fuentes del impuesto, y para colmo de males, quizá por aquello del familiar pobre, se convirtió en un impuesto cedido a las comunidades autónomas.

Nunca ha sido un tributo relevante en el sistema hacendístico español, ni por sus factores de recaudación, ni por los de cierre del sistema, ni mucho menos por principios de redistribución de la riqueza, y seguramente como consecuencia de todo ello, 2008 asistió a la desaparición material del tributo por la vía de la bonificación total y de la exención de la obligación de declarar, que no de la desaparición del mismo. En todo caso, antes de la alocada carrera por la supresión de determinadas figuras impositivas de nuestras Administraciones, la realidad era ya que este impuesto tenía limitado el cumplimiento de sus fines debido al juego de las exenciones a determinados colectivos.

Cualquier solución que se arbitre sobre el mismo está sometida a fuertes vaivenes de sensibilidad entre la ciudadanía, ya que repetir el modelo conocido supondría prácticamente un millón de declarantes y una recaudación por encima de los 2.000 millones de euros, cifra que, tal y como está la Bolsa y los bienes inmuebles en la actualidad, habría que modificar sensiblemente a la baja.

Alternativamente, un gravamen especial acumulado en la tarifa del IRPF para las rentas altas podría estarnos hablando de colectivos de unas 7.000 personas de más de 600.000 euros o de unas 80.000 personas si arrancásemos en 150.000 euros de tramos de renta, sea cual sea la solución con un resultado único: recaudaciones muy poco relevantes respecto al conjunto.

Sin embargo, los tiempos de crisis en que vivimos, tanto nosotros como los demás, han escenificado un curioso fenómeno de ideologización de la fiscalidad, que había sido abandonado hacía ya algunas décadas en la mayor parte de los contextos comentados. Hace falta, quizá, incorporar un discurso legitimador del conjunto de esfuerzos que los ciudadanos, familias y sociedad civil en su conjunto están teniendo que hacer para enfrentarse a este panorama de dificultad económica sin parangón desde hace muchos años, y aquí aquello de que paguen los ricos parece ser un mensaje de lo más conveniente y que, en el fondo, traduce una realidad probablemente diferente: todos lo vamos a pagar y lo estamos pagando, y cuando hablamos de todos nos referimos a los comunes mortales y a la generalidad de la población, y al hablar de los efectos de la crisis también se está hablando de pagar más impuestos, sean directos o sobre el consumo.

No obstante, un tema tan importante como las modificaciones impositivas que afectan en la forma y cuantía en la que los ciudadanos contribuyen con sus impuestos a la caja común, requiere un debate serio que garantice los resultados deseados y que no se quede únicamente en un gesto, aunque bienvenidos sean estos y los actos de buena voluntad. Todo puedo ayudar siempre que se enmarque en un contexto coherente.

Valentín Pich Rosell es presidente del Consejo General de Colegios de Economistas.