Las auditorías ya reflejaron el deterioro de las cuentas

Muchos se preguntan por qué la empresa auditora no advirtió de los problemas de la CAM. Manuel Navarro fue miembro del consejo de administración y considera que "hasta el 31 de diciembre de 2010 todo ha estado avalado por el Banco de España y los auditores. Hay un comité de préstamos, otro de riesgos y la CAM ha sido supervisada de forma permanente por auditores externos y el Banco de España. Y nunca ha habido ninguna salvedad". Pero, en realidad, las auditorías que realizó cada año la empresa KPMG sí que reflejaban el deterioro de las cuentas.

Para empezar, las de 2010 se formularon consolidadas en el Banco Base, en el que se integró a través un Sistema Institucional de Protección (SIP) con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria. Es precisamente la auditoría de ese año la que explicita que la caja renegoció las condiciones de 2.110 millones de euros de activos financieros de la cartera de inversiones crediticias para que no vencieran o se deterioraran, que 2.872 millones eran deuda ya vencida aunque todavía no deteriorada. Y los mismos auditores especificaron que no podían precisar el plazo de vencimiento de los instrumentos que componían la cartera de inversiones crediticias deterioradas o vencidas.

Las auditorías también reflejaron cómo mientras los beneficios obtenidos de la intermediación bancaria se estancaban, los gastos de administración se duplicaron en 10 años, hasta superar los ingresos procedentes del llamado negocio bancario (la diferencia entre los intereses cobrados y devengados).

Y los informes de gobierno corporativo dejaron claro que algunos consejeros aprovecharon el cargo para obtener préstamos a bajo interés, una práctica habitual en todas las entidades, pero que en la CAM alcanzó los 161 millones en seis años. Algunos, como los cinco millones que obtuvo el expresidente Modesto Crespo nada más llegar al 2,5% y vencimiento a 12 meses, o los 47,5 millones concedidos a Aniceto Benito, los 38,5 millones al presidente de la comisión de control o los 30 millones al notario de Benidorm Antonio Magraner, son concesiones crediticias de difícil explicación.

Pero nada de todo esto ha servido para que los miembros de los órganos de gobierno y control consultados reflexionaran sobre su papel en la CAM. Escudados en la auditoría anual y la supervisión del organismo regulador, se han limitado a derivar hacia ellos la responsabilidad.