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Rebelión contra el auto judicial para que el castellano sea lengua vehicular

USTEC y Esquerra llaman al profesorado público a la desobediencia

La oposición al auto judicial que obliga a la Generalitat de Cataluña a convertir el castellano en lengua vehicular en las escuelas subió ayer un escalón más con llamamientos a la desobediencia, como el que realizó el sindicato USTEC, mayoritario en el sector de la enseñanza pública. El auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obliga al Departamento de Enseñanza a presentar en el plazo de dos meses un proyecto que garantice que el castellano es lengua vehicular en la escuela pública. La ley de catalán, que dio pie a la inmersión lingüística, fue aprobada en 1983 en el Parlamento catalán sin ningún voto en contra y con una sola abstención.

"Llamamos al profesorado a la desobediencia y a mantener el catalán como lengua de aprendizaje y de relación en los centros educativos", señaló USTEC ayer en un comunicado. El sindicato, que califica de "coacción" el auto del TSJC, recuerda que los docentes de las escuelas de infantil y primaria "han sido los protagonistas de una experiencia exitosa que ha sabido construir una escuela que no segrega por motivos de lengua y que se ha convertido en una pieza clave en la recuperación del catalán como lengua común y de cohesión social". En el mismo sentido se expresó ayer Esquerra Republicana (ERC). El consejo nacional del partido aprobó ayer una resolución en la que considera la decisión judicial como "un nuevo ataque directo" a Cataluña, que tendrá "consecuencias muy graves para el sistema de inmersión lingüística en las escuelas catalanas". ERC hizo un llamamiento a la desobediencia civil contra la sentencia y a los partidos catalanistas a apoyarla, informa Ivanna Vallespín. El presidente de los republicanos, Joan Puigcercós, instó al Gobierno catalán de CiU y al Parlamento catalán a "plantar cara" a la sentencia de TSJC y a "dar cobertura a los profesores" que decidan no acatar la sentencia. ERC envió ayer una carta a los partidos catalanistas pidiéndoles una reunión para intentar recabar una posición unitaria. Puigcercós consideró que la opción de CiU de presentar un recurso contra la sentencia es "insuficiente".

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Un tono más suave fue el empleado por el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, que calificó de "atentado" y "ataque político" contra el modelo lingüístico catalán el auto. Duran añadió que "de ninguna de las maneras" se modificará el actual modelo de inmersión y que el Gobierno catalán presentará los recursos judiciales correspondientes.

Duran recordó que el actual sistema de inmersión cuenta con el aval científico de la UNESCO y el aval político de la Unión Europea. En este sentido, dijo que el propio presidente de la Comisión Europea Jose Manuel Durao Barroso destacó recientemente que el modelo lingüístico catalán es "exportable" a otros países de la UE. Desde la misma federación nacionalista, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, cree que si se cumple el auto del TSJC se deberán "cambiar las normas", porque si éste acaba por cumplirse "quiere decir que las normas estatales y la Constitución no sirven".

Desde Iniciativa per Catalunya (ICV), su líder, Joan Herrera, propuso la aplicación de los instrumentos del Estado de derecho para "no acatar" el auto. Herrera remarcó que las sentencias del Supremo demuestran que existe un problema importante "con el poder judicial y el Constitucional". Herrera ha explicado que es necesario impulsar "una reforma profunda del poder judicial" porque según el líder ecosocialista, cuando una sentencia afirma que el modelo de inmersión de Cataluña que ha permitido los últimos treinta años tener "un pueblo unido", no es legal, "el problema no es el modelo, sino la interpretación desviada del poder judicial".

En el otro extremo político, el presidente de Ciutadans (C's), Albert Rivera, pidió la dimisión de la ministra de Defensa, Carme Chacón, por defender el modelo de inmersión en la escuela. Chacón subrayó anteayer que este ha garantizado la cohesión social y lingüística. El presidente de C's pidió que si se incumple el auto, se abran diligencias por la vía penal y por lo tanto trasladar a la fiscalía el delito de desacato judicial.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, recordó ayer que el Tribunal Constitucional ha avalado en una sentencia que el catalán puede ser la lengua vehicular en la enseñanza y que las leyes catalanas son constitucionales.

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