Homs lamenta el rigor de la reforma constitucional con Cataluña
El Gobierno catalán fijará el martes su posición sobre la reforma constitucional que sobre el déficit de las Administraciones públicas han pactado PP y PSOE. Así lo aseguró ayer el portavoz del Ejecutivo, Francesc Homs, quien agregó que el Gobierno estudia con detalle la propuesta desde el punto de vista económico, jurídico y constitucional. "No deja de sorprender que aquello que se exige a Cataluña es superior a lo que se exige al propio Estado, cuando todo el mundo sabe que, en estos momentos, la que presta la mayor parte de las políticas del Estado de bienestar es la Generalitat de Cataluña", subrayó Homs. El acuerdo político entre PP y PSOE establece que el déficit estructural en que podrá incurrir el Estado no superará el 0,26% del PIB español. Sin embargo, las autonomías, que prestan mayores servicios a la ciudadanía tienen un techo notablemente inferior y no podrán superar el 0,14%.
Herrera pide referéndum
El secretario general de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Herrera, pidió ayer a los diputados socialistas, y especialmente a los del PSC, que firmen la petición de convocatoria de referéndum ante la reforma de la Constitución. Herrera considera que es una "ocurrencia" no dejar opinar a la ciudadanía y alerta de que los socialistas catalanes tendrán que explicar los motivos por los cuales la gente no podrá hacerlo. Joan Herrera también ha respondido a las palabras del ministro José Blanco, que ayer dijo en rueda de prensa que el Gobierno español será escrupuloso con la reforma y que no hace falta que sea consultada a la ciudadanía. Para Herrera, "falta de escrúpulos es hacer una reforma constitucional a escondidas, en 15 días, y sin pedir la voz de la gente tras años de pedir una reforma constitucional que ahora se hace por la puerta de atrás y sin permitir el referéndum". Por otra parte, Joan Herrera pidió también ayer a las filas socialistas parar el alud de reformas que el Gobierno de Rodríguez Zapatero está haciendo con la reforma de la temporalidad de los contratos laborales, el nuevo contrato de formación para los jóvenes o la reforma constitucional. Para el dirigente de ICV, "el Gobierno socialista legalizó ayer el fraude", y Zapatero "ha precarizado la vida de la gente, aplicando recetas ruinosas y de fracaso y dejando sin programa electoral a Mariano Rajoy".
