La mano que da de comer al flamenco

La semana pasada se organizaba la primera revuelta del flamenco contra la mano que le da de comer. Un grupo de artistas, encabezados por el cantaor José Cortés Jiménez, Pansequito (La Línea, Cádiz, 1946), reclamaba trabajo a la Junta de Andalucía para los que, según ellos, son los artistas olvidados, los que en otro momento fueron los más contratados por las Administraciones de la comunidad. Mientras Pansequito acusaba a la Junta de amiguismo, otro cantaor, Calixto Sánchez (Mairena del Alcor, 1947), reclamaba un lugar en los escenarios para los artistas de más edad.

La protesta puso en evidencia una realidad que no solo afecta al flamenco, pero es quizás en este sector de las artes escénicas donde se hace más evidente: la dependencia total, para subsistir, del dinero público. "La Administración se ha convertido en el único empresario", afirma José Luis Ortiz Nuevo. Él sabe bien de lo que habla. Impulsor y director durante 15 años del festival de flamenco más importante de la actualidad, la Bienal de Flamenco de Sevilla (dependiente del Ayuntamiento), ha sido también director de un festival similar en Málaga, ha gestionado la puesta en escena de numerosos espectáculos flamencos y además es investigador.

"La Administración se ha convertido en el único empresario", dice un gestor

La dependencia total de lo público es un problema de fondo y de modelo cultural

En Japón o EE UU las administraciones no han suplantado a los empresarios

"La gratuidad del flamenco es muy negativa. Desprecia la creación"

"Es un problema más de fondo, de modelo, en la cultura española", aclara. "En Japón o EE UU no ocurre. Yo he actuado en el teatro del sindicato de correos en Japón, por ejemplo. Quizás en el flamenco se haya magnificado, pero es de toda la cultura española: todo lo que no es consumo puro y duro, todo lo que no es objeto de deseo de la masa, depende de lo público". Cisco Casado, socio de Anegro Producciones, empresa de representación de artistas como los bailaores Israel Galván y Rocío Molina (y anteriormente del cantaor Miguel Poveda) asiente: "Desde los años 60 ha habido una suplantación de los empresarios por las Administraciones. No solo ocurre en el flamenco, pero en él se da más este fenómeno".

Cuantificarlo es complicado. Nadie quiere arriesgarse a poner cifras al volumen de negocio que manejan las Administraciones Públicas, pero muchos lo sitúan por encima del 90%. "Cuantificar el tejido empresarial del flamenco es muy complicado, porque está basado sobre todo en artistas autónomos, no hay un epígrafe específico donde ver las cifras", explica María Ángeles Carrasco, directora del Instituto Andaluz del Flamenco (dependiente de la Consejería de Cultura). "En el fondo son microempresas que surgen a partir de los artistas, que van evolucionando. Las empresas son los propios artistas flamencos con una mínima infraestructura de producción", añade Juan Ruesga, arquitecto, escenógrafo y productor de espectáculos.

La dependencia de lo público arranca con la democracia, cuando los Ayuntamientos de Andalucía deciden sacar el flamenco, reivindicado como parte de la identidad andaluza, de las fiestas privadas de los señoritos, que pagaban arbitrariamente y por supuesto, sin pasar por Hacienda. Pero en el intento de la dignificación del arte y el artista venía la trampa: disparó los precios que cobraban los músicos y bailaores por actuar y fulminó la incipiente iniciativa privada, fundamentalmente de los tablaos, que dejaron de contratar a los grandes nombres y a ofrecer un producto de menor calidad destinado a un público menos exigente, el turismo.

Así ocurrió en el Tablao Cordobés, decano en Barcelona. "En los años 70 nuestro público eran los gitanos, que venían a ver a los grandes de la época y pagaban bien por ello: Chocolate, Farruco... Hoy es imposible contratar a Miguel Poveda, por ejemplo, porque no puedo pagar su caché. Y yo entonces contraté a Camarón de la Isla siendo ya una gran figura", explica su dueño, Luis Adame. "El dinero público alteró por completo el mercado, barrió a los privados".

La dependencia se apuntaló con la creación de la Agencia para el Desarrollo del Flamenco en 2005, ahora transformada en el Instituto Andaluz de Flamenco (IAF). También con la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, en cuyo articulado aparece explícitamente: "Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco como elemento singular del patrimonio cultural andaluz" (punto 1 del Artículo 68).

Carrasco, actual directora del IAF, se defiende: la Junta no contrata directamente a los artistas (salvo en un ciclo que organiza durante el invierno), sino que subvenciona los festivales organizados, en más de un 95%, por Ayuntamientos y Diputaciones. "Los fines del Instituto son la protección, recuperación y conservación del patrimonio cultural del flamenco, junto a la promoción y difusión. No somos una agencia de contratación", aclara.

Además del apoyo a los festivales, principal actividad escénica, el IAF también tiene una convocatoria para el montaje de producciones artísticas (fundamentalmente de danza) y ayudas a las giras. "Se siguen criterios como la trayectoria del artista, la creación de empleo, igualdad de género y la adecuación del presupuesto. Además, es obligatorio estar al corriente de los pagos con Hacienda y la Seguridad Social", algo que, según explican diferentes fuentes del sector, no siempre ocurre, ni ocurría en el pasado.

Con estas ayudas se complementan los cachés de los artistas. "Hacen falta, porque si no hay que cobrar muy caras las actuaciones y no te contrata nadie", explica Casado, de Anegro Producciones. "Si no llevas a un artista netamente comercial las ayudas son una fuente más de ingresos, que te ayudan a hacer tu trabajo sin perder dinero".

Otro elemento difícil de cambiar es la gratuidad de los espectáculos. "Quizás en el flamenco, por su origen, se ha fomentado que por el flamenco auténtico no se pague: se disfruta", explica Ruesga. "Es demagogia pura y dura: la política se maneja muchas veces por intereses electorales como este. La gratuidad es muy negativa, porque desprecia la creación, la convierte en un objeto que se minusvalora", añade Ortiz Nuevo.

La solución podría pasar, opinan, por los locales intermedios, algo que obligaría a los artistas a cobrar una parte de sus honorarios de lo recaudado en taquilla. "En Andalucía no hay puntos para disfrutar del flamenco de calidad como podrían ser los clubs de jazz de otros lugares. Ese punto de contacto directo entre el artista y el público podría ser la solución contra la dependencia", cierra Ruesga.

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