El Estado impide que se instale un ascensor para un minusválido

"No sé a qué juegan. Igual quieren ganar tiempo para ver si los vecinos nos cansamos. Estábamos tan contentos con la sentencia... Y ahora mira, otra vez a esperar". Jesús Yepes es un padre desesperado. Él y toda la comunidad de propietarios del número 8 de la calle de Vistalegre, en Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), llevan más de seis años reclamando que se instale un ascensor en la finca. Pero han topado con la oposición férrea de la Seguridad Social, propietaria de un inmenso local vacío en los bajos del edificio.

Como la finca donde vive la familia Yepes es vieja, el ascensor solo puede funcionar si ocupa una pequeña parcela (3,23 metros cuadrados) de ese local propiedad del Estado. Los vecinos no quieren el elevador únicamente para subir la compra sin esfuerzo: lo necesitan. El hijo de Jesús, Adrián, es un joven de 18 años que padece un grado de disminución física del 87%. Bajar las escaleras para salir a la calle supone, para él y su familia, un suplicio.

Pese a la mediación del Ayuntamiento de Cornellà y las promesas de los responsables de la Seguridad Social, los vecinos no lograron nunca arrancar un sí definitivo para el ascensor. Eso a pesar de que el local lleva tres años vacío y de que ofrecieron, a cambio, una compensación económica. De modo que decidieron demandar a la Administración. Ahora, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Barcelona les ha dado la razón. La jueza obliga a la Tesorería a ceder el espacio para instalar el ascensor a cambio de una indemnización, por daños y perjuicios, de 3.618 euros, como planteaban los vecinos.

Pero el ascensor no se va a construir. Al menos, de momento. El Ministerio de Trabajo ha recurrido la sentencia ante la Audiencia de Barcelona y ha paralizado, así, la instalación. Una decisión que, lamentan los vecinos, va a impedir que Adrián vea mejorada su calidad de vida. "Estamos contentos porque la justicia nos da la razón. Pero no sirve de nada porque no podemos poner el ascensor. Y a mi hijo cada vez le cuesta más moverse. Desde que pusimos la demanda, le han aumentado en dos grados la incapacidad. Estoy indignado", relata Jesús que, aun así, se muestra convencido de la perseverancia de la comunidad de Vistalegre.

Adrián no es el único vecino que necesita del ascensor para vivir bien. En la finca reside una mujer de 52 años con una minusvalía del 53%. Cuando se interpuso la demanda también vivía, en el mismo bloque, una anciana de 82 años, hoy ya fallecida, con problemas de movilidad.

En el juicio, la Seguridad Social se opuso a la demanda alegando que los vecinos no habían reclamado, previamente, por la vía administrativa.La jueza considera que ese argumento es insuficiente, precisa que "la función judicial es resolver definitiva y eficazmente los conflictos que a ella se someten" y recuerda que la Tesorería ha tenido "sobrado conocimiento previo de las pretensiones de la comunidad".

La discrepancia, añade, "se centra en determinar el alcance de la compensación económica". La magistrada da por buena la cifra que ofrecen los vecinos -que tilda de "razonada y ponderada"- y considera, en cambio, que la que exige la Seguridad Social es "desorbitada y no justificada". La Administración del Estado reclama a los vecinos que paguen 3.000 euros por cada uno de los metros afectados por el ascensor.

Ese espacio es "necesario" para instalar el ascensor, ya que debido a la estructura del edificio tiene que partir de allí hacia el patio de luces. La sentencia obliga a la Administración a "permitir el acceso al inmueble" a los operarios para que efectúen las obras, pero no se puede ejecutar hasta que sea firme. El local cuenta con una superficie de 569 metros y acogió, hasta hace tres años, la sede de la Seguridad Social en Cornellà.

En el recurso ante la Audiencia de Barcelona, la Seguridad Social critica las "graves omisiones" de la sentencia al fijar la indemnización. La cantidad, dice el documento, debe medirse por cada metro cuadrado porque, cuando se instale el ascensor, es posible que se necesite más superficie de la prevista.

Al tratarse de patrimonio público, añade el recurso, "parece adecuado que una segunda instancia judicial se pronuncie". El Ministerio de Trabajo insiste en que defiende, a través de su patrimonio, el interés general. Y argumenta, en ese sentido, que el ascensor supondrá una pérdida de valor del local porque no solo afecta a una zona de paso, sino que es "el acceso directo a la vía pública y la salida de emergencia natural del inmueble". En la misma línea, razona que provocará "una pérdida de la luz natural del local" que redunda en perjuicios para el erario público.

A Jesús Yepes, todas esas prevenciones le suenan a excusa. Le cuesta comprender, dice, la tozudez de la Administración. Pero está dispuesto a luchar: "Tengo el apoyo de los vecinos. Pondré pancartas en el balcón. Nos moveremos". Mientras, el tiempo pasa y su hijo Adrián necesita cada vez más apoyo de sus padres para salir a la calle. "Siente más inseguridad y más miedo que el año pasado cuando tiene que subir o bajar las escaleras con nuestra ayuda". Jesús se siente dolido, también, por las promesas incumplidas: "Nos dijeron que nos cederían el espacio cuando se trasladaran, y no lo hicieron. Se comprometieron a buscar una solución cuando les pusimos la demanda, y tampoco lo hicieron. Ahora les han condenado, y ni así ceden. ¿Qué más se puede hacer?"