Partidos y sindicatos cargan contra la gestión de la crisis de la renta mínima

Hay 40.000 personas en Cataluña que esperan ansiosos un cheque que no llega, el de la Renta Mínima de Inserción. El cambio en el método de pago de la Generalitat, improvisado y en agosto, ha provocado un monumental caos. Lejos de admitir errores, el secretario general de Empresa y Ocupación, Enric Colet, aseguró el lunes que la fecha se escogió "adrede" porque "esta gente no tiene vacaciones". "Sabíamos que había gente que podía sufrir", agregó. Partidos y sindicatos reaccionaron ayer ante lo que consideraron un menosprecio a los más necesitados. La oposición reclamó a Colet que pidiera disculpas a los afectados y rectificara. Iniciativa ya ha confirmado que pedirá su comparecencia en el Parlament, junto a la de los titulares de Empresa y Ocupación, Francesc Xavier Mena, y Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries. Colet salió a dar explicaciones sobre la RMI porque ambos consejeros están de vacaciones. En su ausencia, el titular oficial de sus carteras es el consejero de Interior, Felip Puig.

La actitud de Colet, colmada con la referencia a las vacaciones de los preceptores de la RMI, indignó a la diputada socialista Eva Granados. "Es indecente. Cuando Colet se refiere a los preceptores de la RMI como 'esta gente', deja claro que para él son los antiguos vagos y maleantes del siglo XXI, pasados por el PowerPoint ". Granados denunció que el Gobierno de Convergència i Unió "se ha creado un problema" al pensar que hay fraude en la RMI y "saltarse la presunción de inocencia". "Se va a cerrar el grifo de las ayudas. En el fondo piensan que la gente es pobre porque no se esfuerza", denunció.

"Las palabras de Colet son frívolas e insensibles con la gente que sufre", se sumó Laia Ortiz, portavoz de Iniciativa, que ve en el caos creado por el Gobierno "mala fe". Un Ejecutivo, apuntó Ortiz, que demuestra una "gran insensibilidad social. Han llevado a la gente a una situación de indefensión en pleno mes de agosto y encima admiten que son conscientes de que sufrirían".

"La actitud de ser fuerte con los débiles y débiles con los fuertes es el leitmotiv de este Gobierno", aseguró Ignasi Llorente, portavoz de Esquerra. El cambio en la RMI, valoró, "es un desastre por las fechas escogidas, por la filosofía que conlleva saltarse la presunción de inocencia, y con los prejuicios que se tienen sobre la vida de estas personas". El PP, que con su abstención a la ley de medidas fiscales y financieras permitió que prosperaran los cambios, cree que la situación está provocada por la "chapuza" del Gobierno. "Han tenido siete meses para investigar si había fraude. Ahora están pagando justos por pecadores, personas perjudicadas por una actuación poco planificada y chapucera", cargó el portavoz, Enric Millo.

Con similar dureza se expresaron los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, que exigieron consenso para reformar la RMI, un gran acuerdo para reformular la renta mínima con el que también están de acuerdo los partidos de la izquierda. Laura Pelay, adjunta a la secretaría general de la UGT, cree que tras las variaciones aprobadas se esconde "un cambio de modelo unilateral". "No podemos jugar con gente que cobra 400 euros al mes", lamentó Pelay. Cristina Faciaben, secretaria de socioeconomía de CC OO, exigió al Ejecutivo "respeto" hacia los receptores de la RMI y denunció la "mala intención" con la que ha actuado CiU.