Sanidad avisa que los recursos a la OPE pueden retrasar "años" 2.600 contratos

Sanidad dejó claro ayer que no va a modificar las características de la gran oposición convocada por Osakidetza en la que ofertará un total de 2.600 plazas, en plena polémica por las críticas que ha recibido de la mayoría de los partidos, incluido el PP, socio preferente del Ejecutivo, y de los sindicatos. Tres centrales (el Satse, el Sindicato Médico y LAB) han llevado ya la convocatoria a los tribunales.

El viceconsejero, Jesús María Fernández, y el director general de Osakidetza, Julián Pérez Gil, no sólo recalcaron en una comparecencia en Bilbao que el departamento presentará las alegaciones pertinentes -"disponemos de informes jurídicos que avalan la decisión"- , sino que alertaron de que si los recursos prosperan podrían retrasar "durante años" la contratación de 2.600 personas. Fernández defendió el "esfuerzo" por consolidar empleo público "de calidad y seguro" cuando Euskadi supera los 140.000 parados

El departamento deja claro que no va a modificar la oposición

Oyarzábal reprocha al Gobierno falta de "coraje y determinación"

El número dos de Bengoa recordó que las plazas convocadas suponen "tres veces más que el total que se convocan en el resto de comunidades autónomas". La Oferta Pública de Empleo (OPE) es la mayor del sector sanitario este año en toda España. Por ello, lamentó que no haya existido "una mayor colaboración" por parte de los sindicatos. A las 61 plazas de pediatría convocadas ya se han presentado 51 candidatos, mientras que para ginecología hay 27 aspirantes para 23 plazas y para los puestos de radiodiagnóstico 35 para 26 plazas ofertadas, cuando todavía falta más de un mes para que se cierre el plazo de presentación. Osakidetza calculó en su momento que cerca de 100.000 personas de toda España podrían concurrir a las pruebas.

El viceconsejero acusó a las centrales que han ido a los tribunales de perseguir "sus propios intereses sindicales". También vio busca de réditos particulares en el PP, un partido, que "se ha equivocado en su estrategia de confrontar esta OPE dejándose llevar por intereses electorales en una estrategia muy poco leal con el acuerdo de colaboración" con el Gobierno. Los populares ven precisamente vulnerado ese pacto, por el que sostienen al lehendakari, con las condiciones de la oposición en lo relativo al euskera.

El conocimiento de la lengua vasca supone 18 puntos sobre un total de 100, una valoración "justa", en palabras del viceconsejero, que se atiene al decreto de normalización de 2007 y a los acuerdos sindicales de dos años después y no vulnera el pacto de Gobierno. Fernández defendió que la Oferta Pública de Empleo se realizará de manera "ágil, transparente y con la máxima seguridad jurídica". Una vez comprobados los resultados de las convocatorias de las primeras pruebas, "si fuera necesario" se adoptarían nuevas medidas.

El viceconsejero sostuvo que el modelo de examen evalúa mejor los conocimientos científicos de los aspirantes, frente a un sistema anterior e "injustificable" que fue "una concesión del PNV". Resaltó además que la OPE respeta la igualdad de oportunidades. El Satse ha denunciado que la convocatoria vulnera los derechos constitucionales en este sentido.

Los populares mantienen el frente de críticas abierto. Su número dos en Euskadi, Iñaki Oyarzábal, reprochó ayer al PSE que carezca de "valentía" para modificar la oposición, en la que se han introducido "cambios insuficientes". A su entender, al Gobierno "le está faltando coraje y determinación" para "cambiar las políticas nacionalistas".