La fiscalía de Gürtel pide la imputación del constructor Ulibarri por fraude a Hacienda
Un informe de Hacienda estima que el empresario de la construcción José Luis Ulibarri defraudó por impago del impuesto de sociedades del grupo Begar 226.000 euros, por lo que la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de las investigaciones del caso Gürtel, ha presentado un escrito al juez Antonio Pedreira en el que pide la imputación de este empresario por fraude fiscal.
Ulibarri y su grupo de empresas están inmersos en una de las operaciones urbanísticas más escandalosas vinculadas a la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. Según la investigación, Correa presumía de haber comprado la voluntad del exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero (PP), pagándole cientos de miles de euros por la adjudicación de una parcela para construir 140 pisos de lujo a una empresa propiedad de Ulibarri.
Al concurso se presentaron numerosas ofertas. Algunas ofrecían al Ayuntamiento tres millones de euros más que la empresa de Ulibarri, pero al final esta se hizo con la adjudicación porque, supuestamente, iba a construir los pisos tres meses antes que sus competidoras (aunque finalmente tampoco cumplió ese plazo). Esos tres millones que presuntamente se ahorró Ulibarri fueron a parar a la trama corrupta, que los repartió entre los políticos que supuestamente favorecieron esa adjudicación.
Esos hechos ocurrieron en 2006, pero ahora, tras el informe de la Agencia Tributaria, la Fiscalía pide la imputación de Ulibarri por fraude fiscal correspondiente al ejercicio de 2005. En caso de que Pedreira acepte la petición de la fiscalía, sería el segundo delito fiscal imputado a Ulibarri. El todavía instructor del caso Gürtel tomó declaración el mes pasado al constructor por el supuesto fraude a Hacienda de 595.000 euros en una operación realizada por su empresa UFC en El Escorial junto a la firma Proyedicom, cuyos gestores eran Francisco Correa y su número dos en la trama, Pablo Crespo.
José Luis Ulibarri también está imputado por falsedad y cohecho al contarse entre los empresarios que supuestamente realizaron pagos a Correa para obtener contratos de Administraciones gobernadas por el PP.
