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EL 'CASO DE MIGUEL'

Un 'burukide' del ABB dimitió tras sospechar de la 'operación Zambrana'

Redondo renunció tras ser "puenteado" por la trama en enero de 2010

El entonces miembro de la ejecutiva alavesa del PNV y responsable de la Junta Municipal del partido en Zambrana, Miguel Ángel Redondo, renunció en enero de 2010 a su puesto en el Arana Buru Batzar presidido por Iñaki Gerenabarrena tras ser "puenteado" por la presunta trama corrupta del caso De Miguel. La tensión se disparó, según varias fuentes conocedoras del incidente, cuando la trama convenció a un concejal del PNV para que desobedeciera la orden de la Junta presidida por Redondo y apoyara así los Presupuestos del alcalde, el independiente Aitor Abecia, cuyo respaldo era imprescindible para sacar adelante la fallida macrorecalificación en la localidad investigada por pago de comisiones ilegales. Así las cosas, dos ediles del PNV votaron en contra de las cuentas y el tercero las secundó.

El PNV de Zambrana se negaba a apoyar las cuentas del alcalde Aitor Abecia
El regidor, que llegó a un acuerdo con la trama, pidió a Maruri que mediaran
"Gente del ABB" convenció a un edil del PNV para que votara a favor
Un juzgado en Cataluña investiga un posible desfalco a inversores

Profundamente molesto por lo ocurrido, Redondo empezó a sospechar entonces de los modus operandi de la trama que terminaría siendo investigada por la justicia y optó por dimitir para poner tierra de por medio. Tres meses después, la justicia detuvo a ocho personas, entre ellas el exdiputado foral y ex número dos del PNV alavés, Alfredo De Miguel, por distintos delitos de corrupción.

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Redondo está casado con Justina Angulo, alcaldesa de Zambrana hasta que fuera desbancada en 2007 por Abecia, que gobernaría el municipio en minoría durante la pasada legislatura -fue reelegido el 22-M-. En noviembre de 2009, Redondo barajaba apoyar una moción que hubiese despojado al alcalde de su sueldo. En paralelo, el regidor había llegado a un acuerdo con la trama para sacar adelante una recalificación de 60 hectáreas para uso industrial -en principio se habló de 120 hectáreas-. Lo hizo, según explicó el propio Abecia, porque echar para atrás todo el proyecto "no hubiese sido entendido por los habitantes del pueblo". Además, había mantenido conversaciones con especialistas y distintos técnicos del Gobierno. "Estaba convencido de que la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco echaría para atrás el proyecto por su inviabilidad", recalca el regidor.

Cuando vio que los ediles del PNV en Zambrana no eran favorables a un acuerdo, Abecia habló entonces con su interlocutor en el proyecto, Aitor Maruri, exalcalde de Ondarroa y entonces trabajador de Riera Urbanizer, promotora que se gastó varios millones de euros en opciones de compra por los terrenos, Maruri reportaba directamente al exdiputado foral Alfredo De Miguel. La trama hizo entonces gestiones para convencer a uno de los concejales y Abecia pudo sacar adelante los Presupuestos, que incluían también su salario. "Era imprescindible para poder seguir teniendo dedicación exclusiva, si no la gestión municipal se hubiese convertido en un caos", alega el regidor.

Fuentes cercanas a Redondo recalcan que "gente del ABB" fue la encargada de convencer a un joven concejal que tenía el partido en el municipio para que desobedeciera el mandato de la Junta Municipal. Las citadas fuentes no culpan de lo ocurrido al concejal -"él pecó de incauto"- y señalan a la ejecutiva alavesa del partido como responsable.

El alcalde confirma a grandes rasgos este relato de lo ocurrido. La única diferencia reside en que Abecia mantiene que en Zambrana estaba prevista la instalación de una planta de ciclo combinado cuya construcción se desplaza ahora a Lantarón, mientras que varios dirigentes peneuvistas consultados al respecto niegan este extremo.

De Miguel aparece desde un principio como uno de los protagonistas de la operación. No solo incluyó en el proyecto a su amigo Josu Arruti, imputado al igual que él, como mediador, sino que documentos encontrados en su ordenador por la Ertzaintza apuntan a que fue el impulsor del proceso elegido para intentar recalificar los terrenos por la vía más rápida, a pesar de que esta podría ser considerada ilegal por la justicia -hay un recurso pendiente de resolución en los tribunales-.

Dos jueces investigan el presunto pago de comisiones ilegales en la operación de Zambrana, impulsada por dirigentes, cargos públicos, militantes y simpatizantes del PNV. Está por un lado el de Instrucción número Cuatro de Vitoria, que dio con la operación tras recibir un anónimo invitándole a indagar lo ocurrido.

El otro es un juzgado en Cataluña, que admitió a trámite una querella por disposición fraudulenta de bienes de la mayoria de los accionistas de Riera Urbanizer contra el entonces administrador de la compañía y amigo de Arruti, Francesc Fernández Joval. Ambos firmaron un contrato mediante el cual los inversores catalanes se comprometían a pagar 3 millones de euros a Sidepur, que terminó pagando unos 200.000 euros a empresas del entorno de De Miguel. Los catalanes consideran que 900.000 euros abonados a Arruti fueron abonados por servicios no ejecutados.

A estas cifras hay que sumar otros 283.000 euros prestados por una empresa del grupo Riera a varios de los imputados junto a amigos y familiares para la compra de terrenos en Frúniz, que podría encubrir otro pago de comisiones ilegales, según el último informe policial del caso.

Preguntas sin respuesta

Si el ex diputado general, Xabier Agirre, reconoció tras la investigación de Juntas Generales de Álava que su exdiputado foral, Alfredo De Miguel, había actuado con "deslealtad" en la operación Zambrana, el presidente del PNV alavés, Iñaki Gerenabarrena, no ha lanzado ni una crítica en público hacia De Miguel, a quien él mismo situó como número dos del partido.

Hay dos opciones que podrían expicar el cauteloso silencio que Gerenabarrena mantiene sobre aspectos clave del caso De Miguel tras las revelaciones del último informe policial. O su sentido de la amistad le impide criticar en público a De Miguel, que habría creado a sus espaldas una presunta red de corrupción por toda Álava que tenía también conexiones en Bizkaia -con epicentro en Leioa- junto a otros miembros de la ejecutiva alavesa como Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, ambos imputados; o el presidente peneuvista no quiere dar pie a que alguien le implique en lo ocurrido en sus declaraciones ante el juez después del verano.

Al PNV en general, la operación de Zambrana le parecía una buena idea para consolidad su proyecto político en la zona. Cuando Sprilur no quiso entrar en la operación, De Miguel, entonces responsable de varios industrialdeas de la sociedad pública, tomó las riendas de la operación al introducir a su amigo Josu Arruti, imputado. Gerenabarrena afirma en privado, según fuentes peneuvistas, que él no conocía a Arruti y otros implicados en la operación investigada por pago de comisiones.

Otros dos miembros del ABB jugaron un papel destacado: Koldo Ochandiano gestionó la creación de la promotora en Zambrana, Riera Urbanizer; mientras que Aitor Tellería ejerció como delegado de la citada compañía -sería reemplazado después por Aitor Maruri-. Si bien los cargos públicos del PNV tumbaron al unísono los informes técnicos que declaraban inviable la operación a principios de 2009, la llegada al Gobierno vasco del PSE propició que el ámbito de recalificación fuese reducido a una veintena de hectáreas -inicialmente eran 120-.

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