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Empleo carga contra la gestión de las subvenciones del tripartito

El plan de reforma del SOC culpa a las ayudas de dañar la imagen del Gobierno

Clara Blanchar

El actual Departamento de Empresa y Empleo, cuyo titular es Francesc Xavier Mena, no dice que hasta ahora se ha malgastado el dinero público en las políticas destinadas a los parados, 700.000 personas. Pero lo insinúa una y otra vez. Sobre su financiación, por ejemplo, considera que los sistemas empleados hasta ahora, basados sobre todo en las subvenciones y que han provocado "incidencias", han "dañado la imagen de la Administración y su credibilidad". Por ello el Gobierno prepara una "transformación en profundidad" del Servicio Catalán de Empleo (SOC). Para empezar, la reforma prevé que el organismo se encargue básicamente del diseño de las políticas de ocupación y delegue su desarrollo en "agentes colaboradores".

El segundo borrador del proceso de transformación del SOC, al que ha tenido acceso este diario, prevé un adelgazamiento del organismo, que se apoyará en entidades públicas y privadas (desde las universidades, sindicatos y patronales hasta agencias de colocación con ánimo de lucro) para materializar las políticas de ocupación. Es, con todo, un documento muy ambiguo que no aclara el papel de los agentes privados en la intermediación, una de las cuestiones que más preocupan a los partidos de la oposición y los sindicatos, tal como pusieron de relieve el pasado junio cuando el consejero Francesc Xavier Mena compareció en el Parlament.

Por ejemplo, no menciona directamente a las empresas de trabajo temporal (ETT). Cabría incluirlas en las "empresas con ánimo de lucro" a las que la reforma se refiere, pero, según la flamante reforma laboral, con muchos condicionantes: deberían primero crear servicios de intermediación, registrarse como tales y firmar un convenio con la Generalitat. El borrador no aclara ninguno de estos condicionantes. El día de la comparecencia en la Cámara, la secretaria de Relaciones Laborales, Esther Sánchez, afirmó que el Gobierno catalán consensuará con el resto de las comunidades autónomas los criterios de operación de los privados en la intermediación: "Estándares mínimos de calidad para evitar intrusismo y para velar por la calidad". Además añadió que no cometerán el error del Gobierno alemán, que pagó una cantidad a las agencias por cada parado colocado. Sí les encomendará, zanjó, la búsqueda de trabajo de los parados que se encuentran en peores circunstancias. Y es que el propio consejero Mena no se cansa de reiterar que, debido a su perfil de "baja ocupabilidad", más de la mitad de los parados lo tienen muy difícil para encontrar empleo.

Respecto a la organización interna del SOC, el documento habla de aspectos como el "dimensionamiento del personal", de una "organización flexible de la plantilla que permita su modulación en función de la evolución del mercado de trabajo", pero tampoco lo concreta. Apunta también a "flexibilizar" los horarios.En paralelo a la reforma del SOC, la Generalitat ha presentado esta semana un exhaustivo diagnóstico del mercado de trabajo catalán para adecuar las políticas de ocupación entre 2012 y 2020.

Parados en una oficina de empleo de la Generalitat.
Parados en una oficina de empleo de la Generalitat.TEJEDERAS

Fondos de formación para gasto corriente

El secretario general del Departamento de Empresa y Empleo, Enric Colet, aseguró en abril que la Generalitat "ha estado utilizando fondos finalistas [para formación continua] para financiar otros gastos de la Generalitat". Consta en el acta del Consorcio para la Formación Continua del 26 de abril, en el que participan la Generalitat, las patronales Pimec y Fomento, y los sindicatos CC OO y UGT, según reveló ayer Economía Digital. El consorcio, que depende del Servicio de Empleo de Cataluña, gestiona los programas de formación de trabajadores en activo.

Fuentes del departamento desmienten que se hayan desviado fondos porque son "partidas finalistas consignadas a proyectos concretos, euro a euro". "Ni se puede hacer ni se ha hecho", insisten. Las palabras de Colet son ciertas, pero se referían, según las mismas fuentes, a una compleja cuestión contable: la prórroga del presupuesto de 2010 no tuvo en cuenta estos fondos porque no los dieron por finalizados, de manera que, matizan, el dinero estaba en la tesorería de la Generalitat, pero no había justificantes para reclamar pagos. El presupuesto para planes de formación fue de 66 millones de euros en 2010 y este año es de 58,5 millones. Los fondos, que son gestionados por la Conferencia Sectorial del Ministerio de Trabajo, provienen de las cuotas de empresarios y trabajadores, y de la Unión Europea.

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Sobre la firma

Clara Blanchar
Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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