El derrumbe de Camps provoca un tsunami en el PP valenciano

La clave que sustentaba el campismo se desplomó el pasado miércoles. La dimisión de Francisco Camps como presidente de la Generalitat y del PP valenciano, forzada por Génova, supone también el derrumbe de un sistema hecho a medida del expresidente, que había formado el Gobierno, el partido y el grupo parlamentario sin ninguna concesión a cuotas territoriales, barones provinciales o sugerencias provenientes de la dirección nacional del PP. Camps se va -mañana cederá el Gobierno al diputado y alcalde de Castellón, Alberto Fabra- sin haber dado ninguna explicación coherente de sus relaciones con la trama Gürtel casi dos años y medio después de estallar el escándalo. Pero, a cambio, deja al partido y a su sucesor una herencia compleja de gestionar y una Comunidad Valenciana sumida en una grave crisis institucional.

El expresidente tiene que decidir si mantiene su escaño en las Cortes

"Nos ha pasado un tsunami", reconoció el pasado viernes la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que ha sufrido un enorme desgaste por haber sustentado a Camps desde que estalló el caso Gürtel y negarse en repetidas ocasiones a sustituir a su patrocinado. Probablemente, Barberá es la persona más consciente de la grave crisis que se abre en su partido dos meses después de las elecciones.

La dimisión de Camps acaba con un concepto muy personal de entender la política, que había llevado al hartazgo a muchos de los suyos, pero no resuelve los principales problemas de los populares valencianos. La dimisión, aunque balsámica, no acaba ni con los escándalos de corrupción del PP, ni da paso a un liderazgo sólido en el Gobierno y en la estructura regional del partido.

El expresidente tendrá que enfrentarse en otoño, previsiblemente en plena campaña electoral para las generales, al tribunal con jurado, acusado de recibir sobornos de la trama corrupta. Un escenario que Génova quería evitar a toda costa y que no se ha detenido. A principios de septiembre, a más tardar, Camps tendrá que desfilar, como los otros tres imputados, por el Tribunal Superior de Justicia para depositar personalmente un aval que garantice la fianza de 55.000 euros impuesta por el tribunal -la multa que solicita la fiscalía, 41.250 euros, más un tercio de esa cantidad-. Pero en esta ocasión, el expresidente afrontará el proceso con una estrategia de defensa conjunta rota. Sus compañeros de banquillo ya han dejado claro que actuarán en función de sus intereses personales. El exvicepresidente del Gobierno Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret están muy enfadados por haberse declarado culpables ante el TSJ para facilitar a Génova el acuerdo con Camps y que este último haya roto el pacto y se haya declarado inocente para ir a juicio.

El cuarto imputado, el diputado autonómico y ex secretario general Ricardo Costa, nunca se fio del expresidente y buscará una sentencia exculpatoria que no lastre su posición en la causa por la financiación irregular del PP valenciano. Camps tiene que decidir, en medio de mensajes contradictorios, si mantiene o renuncia a su escaño en las Cortes Valencianas. El propio Mariano Rajoy -y otros dirigentes de Génova- le han prometido a Camps que podrá retomar su carrera política en el futuro si así lo desea, aunque un sector del PP valenciano ya le ha hecho saber que lo mejor es que deje el acta de diputado y se vaya a su casa. El expresidente de la Generalitat tiene garantizado, si así lo reclama en función del cargo que ha ocupado durante los últimos ocho años, sueldo, coche oficial y dos personas con despacho a su servicio.

Para un sector importante de los populares valencianos ya es suficiente con que Camps haya dejado Gobierno, partido y grupo parlamentario hechos a su medida como para que ahora su presencia condicione la manera de gestionar de Alberto Fabra.

De hecho, apenas unas horas después de la renuncia de Camps las placas tectónicas del PP valenciano se empezaron a mover. Con la dimisión aún caliente, el presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus, el único barón provincial ajeno a la corrupción, conversó con Fabra y le hizo saber que confía en que sustituirá el modelo presidencialista de Camps por otro más colegiado en la toma de grandes decisiones.

Desde Alicante, los últimos restos del zaplanismo también le hicieron llegar al nuevo presidente del PP que confían en él para coser las heridas internas del partido. Mientras, los campistas no ocultan su recelo ante un escenario nuevo.