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La crisis del euro | Las propuestas europeas

La UE aceptará las provisiones españolas como capital bancario

La futura directiva europea de solvencia bancaria, que será propuesta hoy por la Comisión, reconocerá las provisiones anticíclicas (que solo existen en España) para calcular el capital y adaptar la legislación europea a los acuerdos de Basilea III. Recientemente, la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) no las admitió como capital en las pruebas de solvencia y provocó que cayeran las notas de todas las entidades españolas. Mientras tanto, las llamadas participaciones silenciosas alemanas, acciones sin derecho a voto, no serán admitidas como capital.

La directiva supondrá la transposición de los acuerdos de solvencia bancaria, conocidos como Basilea III, y en ella "el concepto de capital sí va a tener en cuenta las provisiones genéricas" o anticíclicas, según fuentes europeas.

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La nueva normativa supondrá casi triplicar el capital mínimo para los bancos, lo que ha provocado quejas ante la UE, ya que creen que esta exigencia frenará la recuperación económica. Las entidades tendrán que recaudar unos 423.000 millones de euros en 2019 para cumplir con las normas de Basilea III.

El objetivo de la nueva legislación, que refleja en los compromisos adquiridos en el G-20, es "reforzar el sistema financiero europeo y hacerlo más robusto en momentos de dificultad". Esto se quiere lograr con mayores requisitos de solvencia a los bancos, que deberán enfrentarse a intervenciones de los supervisores e incluso sanciones si no cumplen las normas, según un documento adelantado por Bruselas.

Críticas de España

El nivel de ambición del proyecto sobre solvencia bancaria de la Comisión fue criticado hace un par de meses por parte del Gobierno español, por considerar que debilita el acuerdo internacional de Basilea III sobre requisitos de capital, lo que es "inaceptable" y podría "poner el peligro la estabilidad financiera", según el Ejecutivo.

La vicepresidenta Elena Salgado hizo llegar un mensaje al Ejecutivo comunitario en este sentido, en una carta firmada junto a los responsables de Finanzas de otros seis países: Reino Unido, Suecia, Bulgaria, Estonia, Lituania y Eslovaquia.

Para su aprobación definitiva, la propuesta de la Comisión deberá pasar primero por el Parlamento Europeo y los países de la UE, lo que previsiblemente ocurrirá en 2012, según el Ejecutivo comunitario, que garantizó que la propuesta respetará "el nivel de ambición" de los acuerdos de Basilea III.

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