Piezas por adelantado

Ninguna formación política tiene la exclusiva del uso partidista de las instituciones. Pero si hay que señalar a alguna como experta en las artes de acompasar su funcionamiento a sus intereses políticos, manejando con soltura los plazos de su renovación en beneficio propio, es el Partido Popular. Solo tal uso explica que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que concluyó su mandato en noviembre de 2005, prolongara sus funciones casi tres años más con mayoría de vocales afines al PP, o que el Tribunal Constitucional (TC) encuentre todas las dificultades para renovarse, lo que se traduce en que el PP mantiene sus cuotas de influencia al margen de las actuales mayorías parlamentarias.

El Consejo General del Poder Judicial y el Constitucional son el principal campo de maniobras de esas tácticas boicoteadoras, pero estas abarcan a otras instancias menos relevantes que no dejan de ser piezas esenciales para el buen funcionamiento del sistema democrático, como el Defensor del Pueblo, el Consejo de RTVE y el Tribunal de Cuentas, entre otros. Nada menos que 26 altos cargos institucionales, entre los que se cuenta el presidente de la Corporación de RTVE tras la inesperada dimisión de Alberto Oliart, esperan su renovación desde hace meses.

El PP ha dejado entender que la renovación de esos cargos, entre ellos los cuatro magistrados del TC del cupo del Congreso, tendrá que esperar hasta después de las elecciones: se reserva las piezas por adelantado a cuenta de una victoria electoral que da por cantada. Cuando los populares dejaron el Gobierno en 2004 su estrategia, diseñada por su coordinador de Justicia e Interior y ministro de Defensa de Aznar, Federico Trillo, fue conservar el mayor tiempo posible sus posiciones dominantes en las instituciones boicoteando su renovación. Ahora que otean su vuelta, también la boicotean, en especial la del TC, a la espera de aumentar su influencia desde una mayoría parlamentaria más holgada. En este caso, les vendría bien engatusar con algún puesto a los nacionalismos: sería el mejor argumento para afianzar en Madrid el pacto parlamentario pergeñado con CiU en Cataluña.

A esa práctica política se le llama en lenguaje llano ponerse las instituciones por montera, lo que se traduce en un deterioro institucional y en una rebaja de la calidad de la democracia próxima al bono basura en el ámbito financiero. Esa práctica no se contrarresta con peticiones como la que ha hecho el PP al presidente del Congreso para que tramite con urgencia su proposición de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada en el debate sobre el estado de la nación ante el apremio de "fortalecer la calidad de nuestra democracia". Muchos ciudadanos, y no solo los indignados del 15-M, le dirían a este partido -y a los otros- que la calidad de la democracia se fortalece favoreciendo el buen funcionamiento de las instituciones y no poniéndolas al servicio de los intereses partidarios.