El juez imputa al constructor Hierro por la trama del 'caso De Miguel'

El juez Roberto Ramos, titular del Juzgado de Instrucción número Cuatro de Vitoria, ha citado como imputado al constructor Prudencio Hierro por su presunta implicación en la supuesta trama corrupta del caso De Miguel. El magistrado lleva meses estudiando movimientos entre sus empresas y las de la trama que tenía como cerebro al exdirigente del PNV alavés y exdiputado foral Alfredo De Miguel. Durante su etapa como gestor de varios industrialdeas dependientes de la sociedad pública Sprilur, De Miguel encomendó a empresas de su entorno la construcción de pabellones por valor de varios millones de euros. El juez, respaldado por la Ertzaintza y la Fiscalía, ha ido tirando del hilo en busca de operaciones que encubrieran el pago de comisiones ilegales.

Hierro fue elegido por el PNV alavés para reformar su sede de la Virgen Blanca

Un testigo dijo que una UTE de Hierro pagó una factura por obras de De Miguel

Una compañía vinculada a Hierro también recibió otro contrato investigado por el juez para la edificación de pabellones en el municipio del Valle de Arana adjudicado por un familiar del presidente del PNV alavés, Iñaki Gerenabarrena. Hierro también está relacionado con otras cuestiones incluidas en la instrucción del caso, como el alquiler de terrenos de De Miguel para instalar placas solares que nunca se colocaron, un modus operandi que aparece en otras ramas de la trama. Los peneuvistas le eligieron también para llevar a cabo la reforma de la flamante nueva sede peneuvista en la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria, un edificio que fue comprado a través de la sociedad Landaburu Etxea, entonces administrada por De Miguel.

Un testigo afirmó en sede judicial en abril pasado que una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que participaba Hierro hizo frente a una factura, en torno a 60.000 euros, que tenía que pagar el exdiputado foral por unas reformas en una vivienda en Gorliz, Bizkaia, propiedad de su mujer, Ainhoa Bilbao, según informó entonces El Mundo. El testigo, I. A., corroboró que se le pidió que facturara los gastos de las obras a nombre de una UTE constituida por una compañía de Hierro y otra empresa.

Antes de su etapa como diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial, De Miguel compaginó sus labores como número dos del PNV alavés con la gerencia de varios industrialdeas, entre ellos el del Valle de Ayala. Fue entonces cuando una UTE liderada por Hierro se llevó adjudicaciones millonarias.

La investigación sobre la trama empezó en diciembre de 2009, cuando Ainhoa Alberdi, abogada y administradora única de Urbanorma Consulting, contratada para asesorar al Parque Tecnológico de Miñano en su ampliación de terrenos, acudió al fiscal jefe de Álava y denunció que había sido extorsionada por Alfredo De Miguel y el también exdirigente del PNV alavés Aitor Tellería.

La abogada sustentó su versión en 24 grabaciones que fue realizando a lo largo de varios meses. El 17 de marzo de 2010, la Ertzaintza detuvo a los ocho primeros imputados: De Miguel, Tellería, el ex director del Instituto Foral de Bienestar Social, Koldo Otxandiano, y sus respectivas esposas, Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu, además del ex gerente del parque de Miñano Alfonso Arriola. El octavo, Jon Iñaki Etxaburu, era el ex socio de la abogada denunciante en la empresa contratada por el parque tecnológico alavés. A esta hay que sumar otras ramas, como las adjudicaciones sospechosas en el Departamento de Cultura o la fallida recalificación de Zambrana, investigada por si hubo pago de comisiones ilegales, entre otras.

El listado de imputados -casi todos exdirigentes, militantes o simpatizantes del PNV- supera la quincena entre la presunta trama corrupta y la de supuesto espionaje político denominada caso Tellería, cuya instrucción ya está finalizada.