Jueces civiles juzgarán a los militares mexicanos que cometan abusos

El soldado mexicano que viole, secuestre o haga desaparecer a un civil será juzgado por tribunales ordinarios y no, como hasta ahora, por jueces militares. Es el fallo, unánime e histórico, del más alto tribunal de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos magistrados decidieron el martes que, a partir de ahora, el fuero militar quedará restringido en caso de violaciones de derechos humanos.

La resolución viene a dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a México por la desaparición en 1974 del líder comunitario Rosendo Padilla, interceptado en un retén militar en el sureño Estado de Guerrero. La decisión se produce en el peor momento posible para el presidente Felipe Calderón, por cuanto su estrategia de combate al crimen organizado depende en gran medida de la implicación del Ejército, al que sacó de sus cuarteles para luchar en pie de guerra contra los sicarios.

Muchas unidades policiales trabajaban a las órdenes del crimen organizado

El Senado ya había recortado el poder del mandatario para utilizar al Ejército

La presencia de los militares en las calles conllevó un aumento sustancial de las denuncias sobre abusos. Como se encargó de recordar ayer José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), el Ejército se atrincheró en el fuero militar para proteger a los soldados acusados de cometer tropelías contra civiles: "De todas las denuncias que se han producido en los últimos 12 años, el último informe del Ejército solo admite haber condenado a un soldado -a nueve meses de prisión- por matar a un civil que no se detuvo en un puesto de control". Según Vivanco, los magistrados de la Suprema Corte han demostrado un "tremendo coraje moral", por cuanto se sitúan enfrente de los intereses del Gobierno mexicano: "El presidente Calderón no tuvo la misma valentía para enfrentar este asunto y, en septiembre pasado, presentó una reforma que era absolutamente parcial e inadecuada".

La importancia del fallo radica en dos cuestiones fundamentales. Una de carácter jurídico y otra político. La primera es que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia determinan que todos los jueces civiles mexicanos -no solo los de ámbito federal- deben pelear por juzgar bajo su jurisdicción los casos en los que un militar sea acusado de violar los derechos humanos. Ponen además especial énfasis en que sus sentencias deben apegarse a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México. Los magistrados añaden que, en caso de que se produzca un conflicto de competencias, será la Suprema Corte la que decida qué tribunal -el civil o el militar- debe juzgar cada caso. El fallo, histórico, tiene también importantes consecuencias políticas.

Hoy por hoy, el presidente Calderón depende de la implicación del Ejército con su causa. A principios de 2007, solo unos meses después de llegar al poder, el actual presidente declaró una guerra frontal contra los carteles de la droga y el crimen organizado. Pero no tenía con qué hacerles frente. Según llegó a declarar él mismo, las corporaciones policiales locales y estatales -en México existen 1.600- no eran confiables en más de un 80%. En muchos casos, no es que estuvieran infiltradas por el crimen, es que trabajaban a sus órdenes. Ante eso, sacó a los militares de sus cuarteles, en una decisión polémica que hace unos meses ya recibió un varapalo del Senado de la República, al aprobar una reforma de Ley de Seguridad Nacional que recortaba los poderes del presidente a la hora de utilizar al Ejército.

Aquella decisión de los senadores fue calificada como "histórica", por cuanto el presidente ya no podrá utilizar a los militares para reprimir conflictos sociales o de origen político. Los soldados solo podrán salir de los cuarteles cuando la policía esté rebasada por el crimen y se deberán atener a una serie de requisitos legales y de procedimiento. También se apuntaba entonces que -en caso de violaciones sexuales, torturas o desapariciones forzadas- los militares tendrían que ser juzgados por jueces civiles. Aunque no incluía el resto de las violaciones a los derechos humanos, ya entonces el Ejército se resintió. A la pregunta de cómo se siente el Ejército mexicano con el recorte de poderes del presidente, el general Luis Garfia Magaña contestó a este periódico: "Desmoralizado".