El PP deja en minoría al Gobierno en la ponencia de víctimas policiales
Aralar avanza que no hará "conflicto" con la petición de perdón al 'lehendakari'
La ponencia que estudiará las vulneraciones de derechos humanos ocurridas desde 1968, en el contexto de la lucha contra el terrorismo y en su mayoría ocasionadas por excesos policiales, se constituyó ayer, pero finalmente sin representación del PP ni de UPyD. El parlamentario popular Carlos Urquijo descalificó la ponencia como "un foro nacido para reescribir y disculpar la historia criminal de la banda terrorista" ETA.
La decisión del PP de no tomar parte en los trabajos deja al grupo del Gobierno en minoría, frente a los 35 votos de representación que sumarán el PNV, Aralar y EA. La ausencia de ese partido tendrá una importante incidencia en la toma de decisiones y puede complicar el futuro del grupo de trabajo y la representatividad de sus decisiones. La presidenta del Parlamento, Arantza Quiroga (PP) presidió la constitución oficial de la ponencia y abandonó la sala instantes después. Sus integrantes serán los parlamentarios Iñigo Iturrate (PNV), Jesús Loza (PSE-EE, Aintzane Ezenarro (Aralar) y Juan José Agirrezabala (EA). Esta formación, ahora en Bildu, pretende que las víctimas a las que se dirige el trabajo, que ya comparecieron en el Parlamento cuando la dirección de Derechos Humanos estaba bajo su responsabilidad, lo vuelvan a hacer. El resto de los grupos no lo considera preciso. Aralar indicó en su día que les ocasionará un sufrimiento innecesario.
El PNV critica al PP tras las cesiones del resto para facilitar su presencia
La ponencia no tendrá presidencia, contra lo que suele ser habitual para facilitar la ordenación del trabajo. La ausencia del PP habría proporcionado ayer ese puesto al representante del PNV, Iñigo Iturrate, pero este grupo señaló que no tiene interés en ejercer ese papel. Iturrate se mostró muy crítico con la postura de los populares, a los que recordó las concesiones que en el proceso negociador, a lo largo de meses, han realizado el resto de los grupos para facilitar su integración en la ponencia. Una de ellas requirió incluso una reforma reglamentaria, realizada hace tres semanas, para que ésta pudiera funcionar de modo independiente, sin estar adscrita a la Comisión de Derechos Humanos, de la que depende la ponencia de Víctimas del Terrorismo. Iturrate consideró "lamentables" unas declaraciones del presidente del PP, Antonio Basagoiti, en las que atribuyó a la ponencia la equiparación entre estas víctimas y las del terrorismo y negó que albergue tal intención. El portavoz socialista, Jesús Loza, puso el énfasis en el compromiso del PP con los cinco puntos restantes del acuerdo aprobado en pleno a finales de marzo y dejó ver su expectativa de que los populares terminen incorporándose a los trabajos más adelante. Los ponentes tienen la impresión de que el PP vasco mantiene diferencias internas en torno a esta cuestión y ha tenido que frenar los avances que venía realizando en una cuestión altamente sensible.
El PP sí respaldó en marzo el mandato al Gobierno -unánime salvo por el voto de UPyD- para que ponga en marcha actuaciones medidas de reconocimiento a estas víctimas, así como una estructura administrativa para atenderlas y un mecanismo de contacto con ellas; también apoyó que se dote presupuestariamente las ayudas de reparación una vez se fijen, en un decreto que debe aprobarse antes de fin de año, los criterios para acceder a ellas. Sin embargo, nunca quiso la ponencia en la que deben concretarse esos acuerdos básicos. Algunas presentan dificultades evidentes, como la pretensión de Aralar de que el lehendakari, Patxi López, pida perdón, apelando a que su predecesor lo hizo con las víctimas del terrorismo, o que el Día de la Memoria incluya también a estas víctimas. Su portavoz, Aintzane Ezenarro, dijo ayer que no convertirá esta aspiración en un "elemento de conflicto" si no hay consenso. Sí quiere que se discuta, ya que hace año y medio aceptó paralizar una proposición de ley en espera de la ponencia. El PSE mostró su disposición a tratarla, pero el PP lo consideró una prueba de sus "peores pronósticos" .
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