La eterna ciudad sin auditorio

Un socavón frente a la sede del Gobierno vasco en Vitoria recuerda a los ciudadanos, una vez más, que no tendrán auditorio. La capital asume ya como imparables los cambios anunciados el miércoles por el nuevo regidor, Javier Maroto, que ha lanzado su compromiso de suprimir el palacio de congresos y exposiciones BAI Center y edificar en su lugar la estación de autobuses. La alternativa que se resume en una sola frase supone complejos cambios en dos de los principales proyectos de la ciudad para los próximos años, modificaciones que difuminarán el sello sobre la capital del exalcalde, el socialista Patxi Lazcoz, y reducirán a la anécdota la presencia del ingeniero acústico Yasuhisa Toyota, en la capital.

El alcalde cifra en dos millones la cancelación de siete contratos

El PSE asegura que tenía apalabrados dos contratos para financiar el BAIC

Las escasas cautelas sobre los apoyos políticos se disiparon el jueves, tras la rueda de prensa ofrecida por el grupo municipal de la coalición Bildu. Kike Fernández de Pinedo consideró razonable la apuesta de Maroto de paralizar el BAI Center, algo que la coalición ya exigió durante la campaña electoral, pero pidió que la estación de autobuses, cuyo proyecto actual la ubica a escasos cien metros del BAI, sea semisoterrada. Ayer, el propio Maroto recogía el guante y se mostraba favorable a estudiar esta posibilidad.

Esto trastocaría considerablemente la idea actual y obligaría a rediseñar una infraestructura que los vitorianos anhelan desde hace años ante la precariedad de la eternamente temporal estación que funciona hoy en día. El martes está previsto que se reúna Ensanche 21, la sociedad pública encargada del proyecto del auditorio y, por tanto, de su paralización. En ella están representados todos los grupos municipales, con un más que posible acuerdo entre PP y Bildu para parar el auditorio y la oposición de PNV y PSE.

De este modo, Vitoria se quedará más tiempo del esperado sin estación y perderá el asalto que parecía definitivo para contar con un auditorio, después de que fracasara el proyecto planteado por Alfonso Alonso (PP) hace una década.

La clave radica, desde el principio, en la financiación. Desde el inicio del proyecto, los ciudadanos se han mostrado en contra de que el peso de la financiación del BAI Center esté en el Ayuntamiento, más aún en una época de dificultades económicas como la actual. Lazcoz arrancó un vago compromiso del lehendakari, en plena campaña, de estudiar aumentar la financiación desde el Ejecutivo autonómico, que tampoco se ha concretado. Al igual que los nuevos gobiernos del PP en otros lugares de España, el alcalde actual ha esgrimido la existencia de un déficit de 25 millones de euros. Esto ha sido utilizado para reforzar el rechazo del edificio, una cifra que el equipo saliente ha negado en repetidas ocasiones asegurando que dejaron en las arcas 125 millones para el Gobierno popular. Fuentes socialistas explican que habían apalabrado contratos con una empresa norteamericana y un banco alemán que hubiesen diversificado la financiación, pero lo cierto es que el proyecto no ha logrado el entusiasmo institucional que, por el contrario, sí ha conseguido el de San Mamés Barria. El portavoz jeltzale en el Ayuntamiento, Gorka Urtaran, criticó que el actual equipo de Gobierno no ha hecho los esfuerzos suficientes para atraer la financiación.

Los números no ponen de acuerdo al equipo de Gobierno actual y al anterior. Los datos, además, no cuadran y esbozan una realidad completamente diferente: el PP asegura que el BAI Center costará 200 millones de euros frente a los 156 de los socialistas; el alcalde dice que se han gastado ya 7,6 millones, mientras que su predecesor indica que son ya 30 millones, todos ellos de las arcas del Gobierno vasco, que podría pedir el dinero de vuelta al no materializarse el palacio de congresos.

Sin embargo, el desencuentro más inquietante se da precisamente en el gasto que va a suponer enterrar el BAI Center. Maroto cifra en dos millones el coste de paralizar el proyecto, algo que el PSE rechaza de plano. Solo con la UTE de Ferrovial y Onaindía, la ruptura del contrato podría suponer el desembolso de los 17 millones en los que está valorado. En total habría que hacer frente al incumplimiento de siete contratos, entre ellos el de parte de los 744.377 euros por la labor de Toyota -ya realizó el proyecto, pero quedaba pendiente una parte, el seguimiento de la obra-, la agencia de comunicación contratada, el trabajo del arquitecto Mariano Bayón y el contrato del director gerente, José Ramón Villar.