El gobernador de Tejas desoye a Obama y ordena ejecutar a un preso
El condenado violó y mató a una menor, pero no se le informó de sus derechos
Pese a la petición del propio Barack Obama, que advirtió que la ejecución de Humberto Leal sería una violación de las leyes internacionales, nada frenó ayer la voluntad del gobernador de Tejas, Rick Perry, de aplicar la inyección letal a este mexicano de 38 años que se ha convertido en el último símbolo de la grave perversión moral y política que representa la pena de muerte en Estados Unidos.
Humberto Leal esperó anoche en vano en el corredor de la muerte de la prisión de Huntsville a que un milagro salvara su vida antes de la una de la madrugada, hora peninsular española. Ese milagro tendría que haberse producido en la forma de una clemencia inesperada del gobernador Perry o una orden del Tribunal Supremo, al que la Casa Blanca pidió intervenir para evitar lo que considera "un daño irreparable a las obligaciones de Estados Unidos con la legislación internacional". Poco antes de la hora fijada, el Tribunal Supremo declinó la solicitud de la Casa Blanca.
A Humberto Leal no se le comunicó que podía contactar con su consulado
En su argumentación ante el Supremo y ante el gobernador, los abogados de Obama denunciaron que Leal, como ciudadano mexicano, aunque emigrado de niño a Tejas, debería haber sido informado de su derecho a contactar con el consulado mexicano tras su detención en 1994 como sospechoso del asesinato de la joven Adria Sauceda. La comunicación de un detenido con los representantes diplomáticos de su país está obligada por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la que EE UU es signatario. A Leal no se le informó de ese derecho antes de que se confesase culpable del delito del que se le acusaba. Otros 50 mexicanos se encuentran hoy en la misma situación.
El gobernador de Tejas se sintió amparado por un fallo del Supremo de 2008 que afirma que el contenido de la Convención de Viena no vincula a los Estados. "Tejas no tiene obligación de obedecer a ningún tribunal extranjero ni el presidente tiene autoridad para revisar los casos de ciudadanos extranjeros a la espera de ejecución", afirmaba una nota del Gobierno tejano. "Quien cometa el crimen más atroz en Tejas", añade, "puede esperar recibir la pena máxima según nuestras leyes; Leal fue sentenciado por la violación y muerte a golpes de una niña de 16 años".
Entre otras consideraciones, la Casa Blanca ha argumentado que esta ejecución deja en situación de indefensión a los ciudadanos norteamericanos en el resto del mundo y crea un grave precedente sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales por parte de EE UU. La Embajada mexicana en Washington, organizaciones humanitarias y medios de comunicación pidieron la suspensión de la condena.
Aunque pocos dudan de la culpabilidad de Leal en el delito que se le imputa, es probable que, como ha señalado su abogado, con la adecuada asistencia legal en el momento oportuno, no se hubiera declarado autor del crimen y su responsabilidad hubiera sido más difícil de probar en un juicio.
En este caso se reúnen, además, una serie de circunstancias que hacen aún más cuestionable el uso de la pena de muerte en un caso que, en otro escenario y con distintos protagonistas, podría haber acabado en la absolución.
Perry es una destacada figura del Partido Republicano con confesadas intenciones de aspirar a la presidencia. Pertenece a su ala más conservadora, la que corteja a los votantes que exigen ley y orden en la frontera. Humberto Leal es un inmigrante sin educación que trabajaba como mecánico cuando fue detenido. Fue la última persona a la que se vio con la víctima y en su casa se encontró una blusa con sangre que pertenecía a la muchacha asesinada. A las pocas horas de su arresto, confesó ser el autor del crimen.
Su situación habría sido mejor defendida si los legisladores norteamericanos hubieran actuado con mayor celeridad. En 2005, el Tribunal Internacional de Justicia ya advirtió a EE UU que los casos de los 51 extranjeros condenados a muerte sin comunicarse con sus embajadas representaban una violación de la Convención de Viena. El presidente George Bush, en ese momento, compartió ese criterio. El Congreso se puso a trabajar en una legislación para permitir el acceso de esos 51 presos ante un tribunal federal para que este decida sobre su situación, pero esa ley sigue aún en trámite en el Capitolio.
