Coladero inexistente

Los primeros datos obtenidos a través de las comunidades autónomas demuestran que la aplicación de la nueva ley del aborto, que entró en vigor el 5 de julio de 2010 no se ha convertido en ese coladero que presagiaban los antiabortistas. Hace ya un año, el marco jurídico español consagró el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y admitió que las gestantes puedan ejercerlo durante las primeras 14 semanas sin tener que alegar razón alguna más que la de su propia voluntad. En estos doce meses, la nueva ley no ha generado la avalancha de abortos que el PP, la derecha mediática y la Conferencia Episcopal vaticinaron. Al contrario.

Esas primeras evaluaciones vienen a demostrar que en España la tendencia descendente en el número de abortos, ya iniciada en 2009 por vez primera desde que hay datos, continuó durante 2010. Parece evidente que tal recorte no es imputable a la ley, sino a una mera cuestión demográfica. La crisis económica empezó a frenar el flujo migratorio ya en 2008 y ello tiene una repercusión evidente en una práctica clínica en la que las mujeres inmigrantes suponen el 40% del total de las que abortan cada año en este país. En todo caso, ese descenso continuado en 2010 sí demostraría que la ley no ha ejercido el pernicioso efecto llamada que los antiabortistas le achacaban.

Análisis posteriores deberán dilucidar si, además del efecto demográfico, la batería de medidas impulsada por la ley para mejorar la información sexual de los ciudadanos ha tenido el efecto beneficioso de reducir el número de embarazos no deseados y, por tanto, de mujeres que optan por el aborto voluntario. Este de ningún modo debe ser sustitutivo de los métodos anticonceptivos, cada vez más accesibles para la población general, incluida, evidentemente, la más joven, para la que se ha facilitado la dispensación de la píldora poscoital.

Mientras tanto, ya se puede contabilizar en el haber de esta nueva ley un efecto más inesperado: las interrupciones voluntarias del embarazo son ahora más tempranas. Las embarazadas acuden a las clínicas -el 90% de las interrupciones se realizan en hospitales privados acreditados- incluso antes de que se pueda practicar el aborto (a partir de la quinta semana de gestación). Esta es una tendencia muy positiva por cuanto reduce el riesgo de la intervención. Cuanto más avanzado sea el estado de gestación mayor peligro corre la salud de la madre; de ahí que España, como la práctica totalidad de los países europeos de nuestro entorno, haya optado por lo que es conocido como una ley de plazos que, de hecho, es más restrictiva que la anterior, la de 1985, a partir de las 22 semanas de gestación.

Tampoco se ha cumplido la apocalíptica profecía sobre la avalancha de jóvenes de 16 y 17 años que decidirían abortar aprovechando la posibilidad de hacerlo en solitario sin el permiso parental. Como ya adelantaron los expertos en la materia, la mayor parte de estas jóvenes siguen acudiendo acompañadas, normalmente, de la mano de sus madres, y solo entre 10% y el 20% alegan conflicto insuperable con sus progenitores para tomar una decisión tan difícil que choca frontalmente con los principios ideológicos de una parte importante de la sociedad.

Ese choque ideológico es un escollo importante de esta ley, que sigue a la espera del dictamen del Tribunal Constitucional ante el cual el PP presentó recurso. Mariano Rajoy, de la mano de Federico Trillo, su principal asesor jurídico, insiste en intentar tumbar la norma basándose en argumentos que ya rechazó el alto tribunal respecto a la ley de 1985. A la debilidad de tales argumentos se une ahora, por tanto, la de sus catastrofistas y erróneas predicciones.