El Gobierno recurre la ley de custodia compartida

El Consejo de Estado avala el recurso y el Consell ve un ataque

El Gobierno anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley valenciana de custodia compartida por considerar que su contenido vulnera las competencias estatales. La ley recurrida -y denominada oficialmente de Relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven- ya estuvo envuelta en la polémica dentro del propio Consell, entre quienes apostaban por dejar morir la ley en el trámite parlamentario con el fin de la legislatura y quienes apostaron por sacarla adelante con el apoyo de Compromís. Los socialistas y Esquerra Unida votaron en contra y advirtieron desde el principio que corría el riesgo de incurrir en una posible inconstitucionalidad.

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La ley prevé que, en caso de desacuerdo entre los progenitores, primará la custodia compartida y deja la regulación del acuerdo en manos del juez.

Ayer, el Consejo de Ministros anunció, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad al entender que la ley de custodia compartida excede las competencias de la Comunidad Valenciana. Según el Gobierno, esta legislación regula instituciones civiles que carecen de antecedentes en el ámbito de la legislación foral civil de la Comunidad Valenciana. "No desarrolla ninguna disposición del derecho civil de la comunidad autónoma, por lo que excede las competencias atribuidas", indicaron desde el Gobierno.

Comisión bilateral

La decisión del Gobierno fue interpretada por el Consell como un nuevo ataque. El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, acusó al Ejecutivo central de usar "siempre la competencia como excusa para discriminar políticamente a la Comunidad Valenciana". "Una vez más, el Gobierno socialista quiere que los valencianos estemos en un segundo plano a nivel político y competencial", dijo el consejero responsable de impulsar la ley de custodia compartida.

Serafín Castellano anunció que pedirá una convocatoria de la comisión bilateral Generalitat-Estado para defender los argumentos que sostienen que la Comunidad Valenciana tiene competencia para regular la custodia de los hijos de los divorciados.

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