Tres décadas de judicatura propia

Pese a su anquilosada imagen, también la justicia evoluciona, y a velocidad de vértigo en los últimos años. Muy poco tiene que ver la judicatura vasca actual con la de hace dos décadas, cuando el Tribunal Superior daba sus primeros pasos. Constituido en 1989, el Superior, máximo tribunal vasco, sustituyó en virtud del Estatuto de Gernika a la antigua Audiencia Territorial de Bilbao, la última creada en España. Gracias a esta última, nacida en 1979, Euskadi se disgregó de la administración judicial castellana, de la que dependía hasta ese momento, pese a que venía demandando su autonomía en esta materia desde comienzos del siglo XX.

Escasas son las analogías que se pueden encontrar entre aquel escenario primitivo y el actual. Ni siquiera en las formas. Los 14 palacios vascos de justicia se han remodelado desde entonces y tres son incluso de nueva planta: Vitoria, Barakaldo y Durango. En su interior se ha impuesto la tecnología, y la plantilla, tanto de magistrados como de funcionarios, se ha triplicado. Este notable incremento, sin embargo, apenas ha resultado suficiente para dar respuesta a la creciente litigiosidad. El recurso a los tribunales se ha convertido casi en un hábito social para dirimir conflictos.

El Superior ajustó el mapa judicial al ordenamiento autonómico

Giménez: "El reconocimiento de los jueces comenzó con casos de drogas"

Atrás quedan los complejos tiempos de la indiferencia y los masivos traslados. "Nadie quería ejercer aquí, y casi toda la plantilla era de fuera", recuerda el actual magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez, uno de los primeros que decidió afincarse en Euskadi, donde permaneció durante cerca de dos décadas. Pese a residir en Madrid, hoy se siente más donostiarra y bilbaíno que de Alicante, su ciudad natal. "El reconocimiento de los jueces comenzó gracias a casos vinculados con la droga, en los que tratamos de aplicar soluciones justas allí donde no llegaba el Código Penal", asegura.

Junto a Giménez, por los tribunales vascos han pasado otros relevantes magistrados, entre ellos el actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, o el alcalde de Zaragoza y exministro Juan Alberto Belloch, quienes fueron destacados impulsores del asociacionismo judicial en Euskadi.

El escenario ha cambiado y la judicatura autonómica está integrada hoy por una mayoría de jueces nacidos en Euskadi, a lo que han contribuido los incentivos profesionales que el Gobierno autónomo ha impulsado durante años con distintas becas. Quizá como resultado, la cantera de jueces vascos se ha convertido en una de las más amplias de España, junto a la gallega, la andaluza y la valenciana.

Esta proliferación de profesionales locales se ha visto favorecida por la disminución de la violencia de ETA. La década de los ochenta fue la más sangrienta y complicada, si bien la amenaza terrorista que siempre pendía sobre la magistratura no se tornó en crimen hasta 2001, con el asesinato de José María Lidón. "Fue el episodio más triste" para la judicatura vasca, reconoce el presidente del Superior, Juan Luis Ibarra. El temor a nuevos atentados, aunque muy presente entre la plantilla judicial, no supuso en aquella ocasión una desbandada y la mayor parte de los magistrados eligió quedarse.

Con la constitución del Superior en 1989 se completó el mapa actual de la judicatura vasca. Guipúzcoa, que había dependido hasta entonces de Navarra, se ajustó al ordenamiento autonómico y compartió institución con Vizcaya y Álava, que ya se habían desgajado previamente de Burgos para formar la antigua Audiencia Territorial de Bilbao. José Guerra y Juan Bautista Pardo fueron los máximos representantes judiciales en aquella primera etapa del alto tribunal, al frente del cual les han ido sucediendo Manuel María Zorrilla, Fernando Ruiz Piñeiro y el actual presidente, Juan Luis Ibarra.