La fiscalía investiga la compra a dedo de materiales del fallido trasvase del Segre

La Generalitat adquirió tubos y motores por 22 millones sin concurso en 2008

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha abierto una investigación por la compra irregular de materiales que la Agencia Catalana del Agua (ACA), dependiente del Gobierno catalán, realizó en 2008 para realizar el proyecto del fallido trasvase del Segre. Fuentes conocedoras de la investigación explicaron que la agencia adquirió a dedo kilómetros de tubos, bombas y motores que costaron 22 millones de euros que pagó con dinero que debía destinarse a otras partidas. La Intervención General de la Generalitat descubrió esa operación y remitió a la fiscalía y a la Sindicatura de Cuentas un informe sobre esas irregularidades el pasado mes de diciembre.

La dura sequía que vivió Cataluña a comienzos de 2008, que encendió las alarmas en Barcelona y su área metropolitana, llevó al entonces consejero de Medio Ambiente y Vivienda, el ecosocialista Francesc Baltasar, a idear un trasvase para captar agua del Segre y llevarla a la capital catalana a través del Cadí. Antes de que el proyecto fuera aprobado, la ACA compró los materiales, que tuvieron un coste de 22 millones de euros. Pero el trasvase nunca se realizó. El Ministerio de Medio Ambiente, que entonces dirigía la socialista Cristina Narbona, se opuso al proyecto, por lo que entonces se optó por un ministravase del Ebro que tampoco llegó a ejecutarse, ya que en mayo llegaron las lluvias.

La Agencia Catalana del Agua pagó con fondos para otras partidas
La sindicatura ve "responsabilidades contables y penales" en la operación

Sin embargo, los materiales ya estaban comprados. La ACA, según fuentes conocedoras de la investigación, no convocó ningún concurso a pesar de la elevada cantidad de dinero que suponía la compra. Estas fuentes sostienen que la agencia pidió a los contratistas que se hicieran con el material con la promesa de que ya convocarían un concurso más adelante. Pero nunca se produjo porque los dos proyectos de trasvase quedaron definitivamente aparcados. De hecho, todavía hoy más de la mitad de esos elementos, sobre todo tubos, siguen almacenados y sin poder ser usados.

Los contratistas, según esas fuentes, exigieron a la ACA el cobro de los 22 millones de euros, que el organismo cubrió con dinero de otras partidas. Un informe de la Sindicatura de Cuentas recoge que la Intervención General de la Generalitat descubrió esas irregularidades, que denunció en un informe de control fechado el 29 de noviembre de 2010.

El informe de los interventores del Ejecutivo catalán fue remitido el pasado 13 de diciembre a la Sindicatura de Cuentas, que a su vez lo envió al Tribunal de Cuentas el 27 de enero. A su vez, la Generalitat también lo llevó a la fiscalía el 23 de diciembre, pocos días antes del cambio de Gobierno. "Teniendo en cuenta la tipología de irregularidades que se ponen de manifiesto en este informe, si estas se confirmaran podrían dar lugar a responsabilidades contables y penales, si así lo estimaran los correspondientes órganos jurisdiccionales", advierte la sindicatura.

Fuentes cercanas a la investigación explicaron que esta sigue abierta. Un portavoz del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, del que ahora depende la ACA, rechazó dar detalles sobre las indagaciones del fiscal, pero aseguró que la consejería que dirige Lluís Recoder está colaborando tanto con la fiscalía como con la sindicatura proporcionándoles la información que requieren y confió en que pronto se aclare todo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 27 de junio de 2011.

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