Deseable pero no exigible

En la Ley de Partidos no se habla de ETA ni se impone a ningún partido o agrupación electoral que condene a ETA o que exija su disolución, a fin de poder ser inscrito en el Registro de Partidos del Ministerio de Interior o para poder concurrir a las elecciones. La Ley de Partidos posibilita, en primer lugar, controlar "la actividad" de un partido, a fin de verificar si con dicha actividad se "vulneran los principios democráticos" y regula, en segundo lugar, cuáles son las "conductas, realizadas de forma reiterada y grave", a través de cuya constatación se puede alcanzar la conclusión de que el partido está efectivamente vulnerando los principios democráticos. Cuando tal cosa ocurre, se puede y se debe instar su ilegalización ante la Sala del Tribunal Supremo prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo que vale para los partidos políticos vale igualmente para las agrupaciones electorales, lo que quiere decir que el canon establecido en la Ley de Partidos es aplicable a los concejales y diputados provinciales de Bildu exactamente igual que lo hubiera sido a los concejales y diputados provinciales de Sortu, en el caso de que se hubiera permitido su inscripción en el Registro de Partidos.

No se puede pasar por alto que se está poniendo fin a un ejercicio de la violencia de más de 50 años

Sería deseable que ETA desapareciera y sería asimismo deseable que Bildu y Sortu exigieran a ETA que se disolviera, pero la ley no lo impone. La desaparición de ETA sería la prueba definitiva del fin de la violencia terrorista y la exigencia de su disolución por parte de la izquierda abertzale, aunque no consiguiera dicho objetivo, sería la prueba inequívoca de que ya no es posible mantener la sospecha de que ETA y la izquierda abertzale son lo mismo. Desaparecerían, en consecuencia, todas las dudas acerca de la sinceridad con que la izquierda abertzale está dando cumplimiento a la Ley de Partidos.

Políticamente es deseable, pero jurídicamente no es exigible. En esta tensión entre lo político y lo jurídico se va a desarrollar la vida política en el País Vasco por tiempo indefinido. El coste para quienes se han visto más directamente afectados por la violencia en el pasado y para quienes van a tener que convivir en los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales con los candidatos electos de Bildu va a ser, sin duda, elevado. Pero no parece que haya forma de evitarlo.

Entre otras cosas porque para que los componentes de la izquierda abertzale que crearon Sortu y que han puesto en circulación Bildu puedan conseguir su objetivo de poner definitivamente fin a la violencia, que es lo que se dice en los estatutos del partido y en el documento que suscribieron ante notario los candidatos de Bildu para poder figurar en sus listas, es preciso que sean capaces de arrastrar a quienes todavía están en ETA o, a quienes, sin estar en ella, comparten sus posiciones. Este es un debate que, como se acreditó tanto ante el Tribunal Supremo como ante el Tribunal Constitucional, aunque fuera valorado de manera distinta por la mayoría y la minoría en ambos tribunales, ha venido teniendo lugar desde hace varios años en el seno de la izquierda abertzale. Con posiciones encontradas, que parecen haberse decantado a favor de quienes rechazan la violencia y apuestan por vías exclusivamente pacíficas para hacer política.

Pero quien haya leído atentamente el auto y las sentencias del Supremo y del Constitucional, así como los escritos del Abogado del Estado, de la Fiscalía y del abogado de Sortu y Bildu, se dará cuenta inmediatamente de que el debate no está definitivamente cerrado. Quienes han constituido Sortu y han puesto en circulación Bildu sí han interiorizado el rechazo de la violencia tal como se define en la Ley de Partidos, que no es otra cosa que el rechazo de la violencia practicada por ETA con la cobertura de Batasuna, pero la izquierda abertzale no está integrada únicamente por ellos. Hay otros que todavía tienen que hacer ese proceso de interiorización.

Para poder conseguirlo, los concejales y diputados provinciales de Bildu van a tener, por un lado, que cumplir escrupulosamente la Ley de Partidos, porque, de lo contrario, serán expulsados de los cargos que ostentan, pero van a tener que hacerlo, por otro, de una manera que no corte la comunicación con los miembros de la izquierda abertzale que todavía tienen que dar el paso que ellos ya han dado.

El fin de la violencia exige que se incorporen por convicción a las vías exclusivamente pacíficas no solo la mayoría, sino la inmensa mayoría de la izquierda abertzale. Y eso lleva su tiempo. No se puede pasar por alto que se está poniendo fin a un ejercicio de la violencia de más de 50 años.