La juez duda de la veracidad de los papeles de los ERE

Mercedes Alaya, titular del juzgado número 6 de Sevilla, que investiga el pago fraudulento con fondos públicos de la Junta de Andalucía a decenas de personas de indemnizaciones por expedientes de regulación de empleo, ha vuelto a cuestionar en forma de auto la actuación del Gobierno de José Antonio Griñán. En su último escrito, con fecha del pasado día 7 de junio, no solo reitera que sigue sin recibir material que solicitó al Gobierno regional, sino que sospecha sobre la veracidad de la documentación que ya ha recibido de la Junta: "Sin dudar de que lo remitido es lo que actualmente existe en los archivos, la apariencia de tales actuaciones diametralmente opuesta a lo que es en realidad un expediente administrativo nos hace pensar en una construcción o reconstrucción apresurada de los mismos, debiendo oficiarse a la Policía Judicial para que investigue ambos extremos que no han sido explicados o justificados tal y como se pedía por la Junta".

Intervención deberá aclarar si el Gobierno aprobó los fondos gastados

La juez utiliza en apoyo de su tesis un escrito de la fiscalía que entrecomilla: "Se observa que dicha documentación no merece en ningún modo la citada denominación de expediente administrativo, pues parece componerse cada carpeta de una suerte de batiburrillo de papeles inconexos, algunos de los cuales no son sino simples notas manuscritas anónimas anotadas en hojas, arrancadas de un bloc de espiral cuando no garabateadas en simples post it adhesivos".

Por todo ello, la juez Alaya ve inapropiado aún realizar un análisis pericial de la documentación, pues "a los peritos que se designen habrá que hacerles entrega de una documentación que se ha reclamado y aún no consta en las actuaciones como son: todos los convenios suscritos entre la dirección general de Trabajo y Seguridad Social y el IFA o el IDEA desde el año 2001; la documentación que posea la Cámara de Cuentas sobre ayudas excepcionales en materia de Trabajo y Seguridad Social realizadas por la Consejería de Empleo para trabajadores o empresas en crisis y que fue acordado por auto de fecha de 16 de abril; documentación contable e informes reclamados a IDEA en virtud de lo acordado por auto de este juzgado de fecha de 21 de marzo; e incluso la abundante documentación que en virtud de la presente resolución va a ser reclamada". La juez apunta directamente a la cabeza del Gobierno andaluz: "Este juzgado estima necesario acreditar si las ayudas sociolaborales que pagaba la consejería de Empleo a través del IFA o IDEA en concepto de primas de pólizas de prejubilación, mediante transferencias de financiación, al pagarse aplazadamente en varias anualidades, precisaban de algún tipo de autorización del Consejo de Gobierno en lo que respecta al límite del crédito correspondiente a los ejercicios futuros o aquel en el que se aprobó el gasto". Y solicita que la Intervención General lo aclare. La juez anuncia que, al tiempo que iniciará ya el interrogatorio de los acusados, creará piezas separadas para cada imputado, en las que recogerá toda suerte de datos sobre su patrimonio, declaración fiscal y vida laboral.