La fiscalía actúa contra la "guerrilla urbana"

Las maniobras de los Mossos d'Esquadra para despistar a los violentos no funcionaron. Durante el cerco al Parlamento, los alborotadores tuvieron información, en tiempo real, de los movimientos de la policía. De modo que se anticiparon. ¿Cómo lo hicieron? Con astucia y tecnología: sintonizaron la frecuencia radiofónica de los policías y, gracias a esa información privilegiada, fueron un paso por delante de ellos.

La anécdota retrata uno de los rasgos de los grupos radicales que, en los últimos años y de forma periódica, han dejado en Barcelona estampas de lucha callejera: el uso de la tecnología para alcanzar sus objetivos. La "sofisticación" y disciplina de esos sectores minoritarios -"están casi tan bien organizados como nosotros", admiten fuentes policiales- a menudo pone en un brete a la policía.

"Antes, los violentos tiraban la piedra y escondían la mano. Ahora, tiran la piedra, se sientan en el suelo y levantan las manos", sintetizó ayer el consejero de Interior, Felip Puig. A su juicio, esa supuesta "resistencia pacífica" esconde una maniobra torticera para dificultar la intervención de la policía.

Puig acusó a los violentos de constituir una "guerrilla urbana" con "ganas feroces" de desatar "una batalla campal". No es una idea nueva. Desde hace unos años, la policía tiene constancia de la existencia, en Barcelona, de un grupo muy heterogéneo formado por entre 200 y 300 personas que se dedica a reventar manifestaciones y a provocar incidentes con la policía.

No se trata, ni de lejos, de un grupo organizado con líderes claros. Más bien es una amalgama de personas -jóvenes, en su mayoría- que se unen ante un acontecimiento masivo con el propósito de chocar contra las líneas de antidisturbios. El grueso de esos alborotadores está formado por miembros de grupos antisistema radicales que sí justifican el recurso a la violencia.

Los Mossos detuvieron por los incidentes a siete personas, una de ellas menor de edad. Ayer identificaron a otras 10 y tratan de reunir pruebas para estudiar si se les puede atribuir el delito de impedir con violencia la entrada de los diputados al Parlamento, que está castigado con penas de 8 a 12 años de cárcel. La fiscalía ha abierto diligencias para aplicarles la ley, y la Cámara estudia también acciones legales contra los violentos.