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El juez investiga si Botín regularizó del todo sus cuentas opacas en Suiza

La familia ha pagado 200 millones a Hacienda en declaraciones complementarias

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción para investigar si el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime, expresidente de Bankinter, y los 10 hijos de ambos, entre ellos Ana Patricia Botín, han regularizado por completo sus cuentas opacas en el HSBC Private Bank Suisse. Anticorrupción ha presentado la denuncia para investigar posibles delitos presuntamente cometidos durante los ejercicios de 2005 a 2009 y, en su caso, por falsedad documental como medio para cometer aquellos.

El juez investigará si las regularizaciones presentadas por la familia Botín, que han supuesto el pago por su parte de 200 millones a Hacienda, les ponen al corriente de sus obligaciones tributarias, en cuyo caso no habría responsabilidad penal, o si no es así.

La denuncia es contra Emilio y Jaime Botín y sus 10 hijos

El juez dice en el auto que "cabría la posibilidad de que hubiera podido cometerse un delito contra la Hacienda pública, si bien es cierto que los datos ofrecidos por la Agencia Tributaria respecto a los hechos que, indiciariamente, pudieran ser constitutivos de infracción penal se ofrecen desde la perspectiva de su imposibilidad de comprobar si las declaraciones complementarias son o no correctas, y ante la premura de tiempo que supone la posibilidad de la prescripción de los hechos derivados del ejercicio del año 2005; es decir: nos encontramos ante una denuncia interpuesta a prevención de que la regularización practicada por los denunciados no fuese correcta".

La familia Botín se mostró sorprendida por la decisión de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía de judicializar el caso, puesto que en un comunicado hecho público ayer, destaca que en 2010, regularizó "de forma voluntaria" el patrimonio que Emilio Botín Sanz de Sautuola y López (Emilio Botín II), padre del actual presidente del Banco Santander, situó fuera de España tras el estallido de la Guerra Civil.

En diciembre de 1936, y ante la situación creada por la intervención del banco, Emilio Botín II decidió ausentarse temporalmente de España, según el comunicado. "Fue en ese contexto cuando Emilio Botín II situó una parte significativa del patrimonio familiar fuera de España para protegerlo, constituyendo una fundación de derecho inglés en Suiza", señala la familia, que asegura que desde el fallecimiento de Emilio Botín II, en 1993, no ha habido nuevas aportaciones a esas cuentas.

Ya en 2010, el fisco español recibió información de la Hacienda francesa de titulares de centenares cuentas del banco HSBC en Suiza, datos que fueron supuestamente sustraídos por un empleado. Hacienda instó la regularización a todos los titulares.

La familia Botín declaró "todos los impuestos derivados de la existencia de dicho patrimonio y de sus rentas (ascendiendo el importe satisfecho a 200 millones de euros)". La familia sostiene que el ingreso fue totalmente voluntario porque, ni el actual presidente Emilio Botín ni Jaime Botín eran titulares de cuentas de HSBC, ni han recibido requerimiento alguno de regularización por la Agencia Tributaria, y dice que las acciones se dirigieron inicialmente contra Emilio Botín II, ya fallecido. Sin embargo, según el auto del juez, hubo requerimientos a Emilio y Jaime Botín por su capacidad de disposición sobre esos fondos. A raíz de ello, los ahora denunciados presentaron en su mayoría declaraciones complementarias para regularizar su situación.

El 15 de abril de este año, Hacienda se declara incapaz, a la vista de la ingente documentación aportada por los Botín, de determinar si las regularizaciones han sido completas y veraces, y como el 30 de junio prescribirían los delitos correspondientes al ejercicio de 2005, lo pasa a la Fiscalía Anticorrupción, que con el mismo fin, ha presentado la denuncia. Fuentes jurídicas han puesto de manifiesto que no deja de ser chocante que la Agencia Tributaria no haya sido capaz en un año de determinar si ha habido una defraudación superior, o si ha habido falsificaciones instrumentales.

El juez Andreu ha designado a dos peritos de la delegación central de grandes contribuyentes de la Agencia Tributaria para que determinen si la regularización es correcta o no. La familia Botín afirma que ha facilitado desde julio de 2010 a la Administración Tributaria toda la información y documentación necesaria para comprobar la regularidad de las liquidaciones efectuadas.

Según la información facilitada por la AEAT al Congreso de los Diputados, de un total de 659 cuentas, únicamente 293 hicieron regularización con declaraciones complementarias, de las que resultó una recaudación total de 260 millones de euros. De este proceso, la AEAT ha realizado 527 inspecciones, de las que 349 han terminado en sanción y 7 han sido enviados a la Fiscalía. Este era el balance a 11 de mayo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de junio de 2011