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Los bienes de los parlamentarios serán públicos desde septiembre

Una reforma de la Ley Orgánica Electoral General levantará el secreto que cubre el patrimonio de los diputados y senadores y permitirá que sus bienes sean públicos, a través de las páginas web de ambas cámaras. Esa ha sido la propuesta que los presidentes del Congreso y del Senado, José Bono y Javier Rojo, respectivamente, plantearon ayer en una reunión conjunta de ambas mesas y expusieron a continuación a los portavoces parlamentarios. De entrada, todos la asumieron. Para que entre en vigor en septiembre, los presidentes de las Cámaras han instado a los grupos a que elaboren una proposición de ley conjunta y la tramiten por el procedimiento de urgencia entre lo que queda de junio y el mes de julio.

Las Cámaras vigilarán que se cumplan las incompatibilidades

Así, junto a las actividades de los parlamentarios, también serán públicos sus bienes y rentas, si la iniciativa llega a buen término. En aras de la "transparencia", Bono y Rojo también han propuesto eliminar los complementos de pensión que reciben los parlamentarios que a la hora de la jubilación no tienen derecho a la pensión máxima. Esta limitación no tendrá carácter retroactivo, por lo que no afectará a los pocos que han tenido necesidad de solicitar los complementos.

La mayoría de los diputados y senadores ya tienen garantizada la pensión máxima por sus propias cotizaciones. No más de 80 han solicitado el complemento de pensión entre los más de 3.000 que han pasado por las Cortes desde el inicio de la democracia. El grueso de los beneficiarios eran políticos procedentes del exilio.

Otro de los capítulos que van a reformarse y que periódicamente ha sido objeto de controversia es el de las incompatibilidades. Los diputados y senadores tienen dedicación absoluta por ley. Sin embargo, ha sido desvirtuada por la vía de las excepciones, que se solicitan en la Comisión del Estatuto del Diputado. Ello, a pesar de que la ley es rotunda e impide el ejercicio de cualquier profesión o actividad, pública o privada, por cuenta propia o ajena. Solo permite la administración del patrimonio personal o familiar, la producción y creación literaria, científica, artística o técnica, y actividades docentes y de investigación. Por eso no se considera necesario cambiar la ley, sino hacer que la Comisión del Estatuto se ajuste mucho más a la literalidad de esta. No es lo mismo trabajar en un despacho de abogados que dar conferencias esporádicas o una clase en la Universidad. Esta apreciación procede de las bancadas de la izquierda, en donde se dan mayoritariamente los segundos casos.

Todo fueron acuerdos en la Junta de Portavoces, salvo la propuesta de José Bono de ocupar dos y no tres días a la semana con sesiones plenarias. Los portavoces, sin excepción de color ideológico, rechazaron la propuesta.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 15 de junio de 2011